El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunció ayer que la Abogacía del Estado solicitará la ejecución provisional de la sentencia que ordena a los herederos del dictador Francisco Franco devolver el pazo de Meirás. Campo anunció la petición tras mantener un encuentro telemático con el jefe de la Abogacía del Estado, Javier Suárez, la abogada del Estado Adela Álvarez y el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, a los que agradeció la “magnífica investigación llevada a cabo en este caso”.
Tras el encuentro, el ministro explicó que con la solicitud de ejecución provisional del fallo pretenden que sea el Estado el que asuma ya la gestión de este Bien de Interés Cultural y apartar a la Fundación Francisco Franco, que actualmente gestiona las visitas. “Es una reclamación de la ciudadanía. las instituciones y administraciones”, apuntó. El anuncio llega después de que la Xunta, el Concello de Sada y la Diputación pidiesen la ejecución provisional del fallo y avanzasen su adhesión a la solicitud. “Ni un minuto más con los herederos del dictador detentando el pazo de Meirás”, resumía ayer el Concello de Sada.
La Abogacía del Estado ultima además la contestación al recurso que la familia Franco ha presentado contra una sentencia que considera “sesgada”. El Concello de Sada presentó ya ayer su escrito de respuesta: 86 páginas en el que el Ayuntamiento sadense intenta desmontar punto por punto los argumentos esgrimidos por los Franco.
En su contestación, al que ha tenido acceso este diario, el Concello de Sada rechaza, por “manifiestamente improcedente” e “inviable”, la pretensión de los herederos del dictador de excluir el contexto histórico y limitar el pleito a un debate sobre usucapión, dominio público o cuestiones relativas a la propiedad. “Pretender que en 1938, en plena guerra civil, con Galicia bajo la dictadura militar que encarnaba el Régimen, se descontextualice la intervención y naturaleza de entidades como al Junta Pro Pazo, [...], constituidas y promovidas al amparo, tutela y dependencia de dicho régimen y de los aparatos, administraciones y poderes del Estado es, sencillamente, pretender desconocer no solo los hechos probados, sino sus consecuencias jurídicas”, incide el Concello en su recurso, que remarca que en ese momento había “una identidad absoluta entre Franco, persona física, y Franco, persona jurídica, dado que asumía todos los poderes del Estado”.
En su escrito, el Ayuntamiento llama la atención sobre la importancia de tener en cuenta el “carácter único del caso” por las circunstancias históricas que lo rodean, una necesidad a la que también apuntó el Tribunal Supremo en la sentencia sobre la exhumación de los restos de Franco del del Valle de los Caídos.
