Las advertencias de menor tolerancia y la reducción de los plazos para desbrozar de maleza las fincas limítrofes a viviendas y otros inmuebles parecen haber surtido efecto. Las denuncias de la Xunta el año pasado por no haber limpiado las conocidas como franjas de seguridad para prevenir los incendios forestales se redujeron casi un 11%, cayendo de las 2.017 del año 2018 a 1.798. Este descenso se produjo tras la alerta por parte de la administración de que elevaría la vigilancia realizada hasta ahora en esta cuestión y tras la puesta en marcha de un sistema público para que los propietarios de fincas pudiesen delegar esas tareas en la empresa pública Seaga a cambio de un precio reducido.
La devastadora ola de incendios que padeció Galicia durante tres días de octubre de 2017, que mató a cuatro personas y arrasó 50.000 hectáreas, provocó una reacción de la administración autonómica para intensificar los trabajos de vigilancia en el monte. Uno de los aspectos a vigilar fue el referido al cumplimiento de la obligación de limpiar las franjas de seguridad, el perímetro alrededor de viviendas y otro tipo de construcciones que definió el bipartito tras los fuegos de 2006 para proteger a la población.
La Xunta varió esa zona de seguridad el año pasado, rebajando de 15 a 2 metros la distancia mínima obligatoria entre viviendas y árboles frondosas y de 25 a 15 en el caso de campings, gasolineras o instalaciones industriales. Se mantuvo, eso sí, la barrera de 50 metros para especies pirófitas como los pinos y los eucaliptos. Para la Consellería de Medio Rural, este cambio contribuía a retardar el crecimiento de maleza alrededor de las frondosas y evitaba la transmisión de los fuegos de copa -que facilitan eucaliptos o pinos-.
Además, tras los fuegos de 2017, Medio Rural recortó un mes el plazo para tener limpias esas franjas, que pasó del 30 de junio al 31 de mayo, al tiempo que intensificó los controles.
En 2018 las denuncias de la Policía Autonómica, el cuerpo de la Policía Nacional adscrito a la Xunta, batieron su récord con 2017, pero un año después estas se redujeron a 1798. Se trata de 219 menos, casi un 11% de descenso que rompe dos ejercicios de incremento. Las denuncias fueron 1.472 en 2017, 1.468 en 2016, 1.511 en 2015, 1.391 en 2014, 1.167 en 2013 y 363 en 2012, según datos de la Xunta. A estas denuncias se unen las tramitadas por los propios concellos.
Las franjas de seguridad suponen en toda la comunidad una extensión de 130.000 hectáreas, según cálculos de la Consellería de Medio Rural, que en agosto de 2018 estimó que la mitad de ese terreno no estaba desbrozado de maleza y árboles vetadas, que constituyen combustible para los incendios.
Uno de los principales problemas destacados por la administración autonómica para lograr el cumplimiento de la obligación de limpiar ese perímetro alrededor de casas y otras construcciones radica en la peculiar composición de la propiedad en Galicia. Las herencias y el minifundismo complican la identificación de los dueños de fincas, obstaculizando la tarea subsidiaria de la administración para ejecutar el desbroce de terreno y pasando luego la factura al responsable, que no es otro que el propietario de la parcela.
Para facilitar la superación de esa barrera, la Xunta impulsó un cambio legal que entró en vigor hace dos años para permitir a la administración acceder a fincas sin dueño conocido para limpiar la maleza en casos de "riesgo inminente para las personas o bienes". Ante la dificultad para cobrar la factura de esos trabajos, la norma permitió a partir de ese momento que Medio Rural o concellos pudiesen requisar la madera de esos terrenos y venderla para cubrir costes.
El Ejecutivo gallego no se quedó ahí y puso en marcha una aplicación informática a disposición también de los concellos -Xesbío- que les dará otra arma. Este programa cruza datos con el Catastro y permite detectar las parcelas sin propietario conocido cuyo valor sea inferior al coste de los desbroces, por lo que la administración expropiará el terreno como pago por cumplir la normativa de limpieza forestal de forma subsidiaria.
Xesbío también fue ideada para almacenar el registro de requerimientos y sanciones, identificar las franjas de seguridad de un concello cruzando datos cartográficos con el Instituto de Estudos do Territorio y ofrecer a los municipios modelos de notificaciones para exigir los desbroces.
