Diecisiete años después de que el pretrolero Prestige sufriese una avería frente a la costa gallega y provocase la mayor marea negra de la historia de Galicia, la justicia ha autorizado el pago de las primeras indemnizaciones a los afectados. La Audiencia Provincial de A Coruña acordó el reparto de 51,7 millones de euros que estaban depositados en el órgano judicial y que son una mínima parte de los 2.500 millones de euros que el Tribunal Supremo fijó de compensación por los daños ocasionados por el petrolero. El grueso de esta factura depende del pleito que el Gobierno español ha emprendido en Londres para que la propietaria del buque abone los casi 900 millones de euros del seguro.

Mientras no se dirime esta batalla judicial, los 265 afectados por la catástrofe recibirán las primeras indemnizaciones. Se trata de 51,7 millones de euros consignados en la Audiencia provincial de A Coruña. Un total de 27,1 millones fueron depositados por el Fondo Internacional de Compensación de Daños por Hidrocarburos (Fidac). El resto procede en su mayoría de la aseguradora del buque, The London Steamship Owners Mutual Insurance Association, -un total de 22,7 millones de euros- y de la venta del fuel recuperado del petrolero (unos dos millones de euros).

Las cantidades depositadas por el Fidac (los 27,1 millones) se repartirán entre los perjudicados que no han recibido indemnización de este fondo. Se exceptúan las cuantías correspondientes al Estado Español y al Estado Francés a quienes se entregarán las cantidades que constan en los escritos del Fidac, de abril de 2019 y julio de este mismo año, "por tratarse de pagos parciales", según precisa la Audiencia.

Los otros 24,5 millones, resultantes de la suma de 1,7 millones correspondientes al importe de la venta del fuel recuperado por Repsol y los 22,7 millones depositados por la aseguradora, se distribuirán entre todos los perjudicados.

Estas primeras compensaciones se distribuirán proporcionalmente según las indemnizaciones reconocidas por el Tribunal Supremo en la sentencia sobre la responsabilidad civil de la catástrofe que se dictó hace un año. Al Estado español le corresponde la mayor cuantía: 40,7 millones de euros. El Gobierno francés cobrará 9,2 millones de euros y la Xunta, 202.472 euros. Los otros 262 afectados se repartirán 1,5 millones de euros.

El resto de las compensaciones está en el aire. El que fue declarado único responsable civil de la catástrofe, Apostolos Mangouras, no está en condiciones de abonarlas. La responsabilidad subsidiaria recea en la propietaria del buque, Mare Shipping, que también se niega a asumir las indemnizaciones. De ahí que el Gobierno español haya iniciado el pleito con su aseguradora en el Reino Unido.