La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cree que con la aprobación "en días" de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas se sentará un "precedente" que el Gobierno quiere plasmar en la ley de financiación, para desligarlas para siempre de los presupuestos generales del Estado. Por ello, la abogada general del Estado autorizó el desbloqueo de 4.500 millones de euros para las autonomías.

Pese a las dudas jurídicas expresadas por algunos técnicos, la abogada general dio finalmente el visto bueno a Hacienda para liberar esos fondos a través de un resquicio legal, clave para evitar recortes por parte de los Gobiernos autónomos.Por su parte, la ministra María Jesús Montero anunció ayer la aprobación de las entregas a cuenta, que puede aprobarse ya en el Consejo de Ministros de mañana.

En una entrevista con EFE, Montero considera que se va a producir un "hito" en la financiación autonómica con esta medida, al desligar también las entregas a cuenta de que el Ejecutivo esté o no en funciones, y que al mismo tiempo permite que "no haya excusa" para que las comunidades autónomas dejen de aprobar sus propios presupuestos.

Montero confirmó que las entregas a cuenta ya cuentan con el informe favorable de la Abogacía del Estado y se van a aprobar por tanto en unos días, aunque no quiso confirmar si será en el Consejo de Ministros de este viernes. En su opinión, con la inminente aprobación de este decreto ley, "se fortalece la autonomía de las comunidades" que ya "no van a depender de que se conforme un Gobierno o de que haya un presupuesto estatal aprobado para hacerles llegar el dinero de sus recursos". Considera además que la decisión del Gobierno de dar ahora estos adelantos sienta un "precedente fundamental" para la arquitectura y la vertebración territorial, porque permite a futuros Ejecutivos hacer lo mismo cuando sea necesario, y que no haya "excusas" para que las autonomías puedan elaborar sus cuentas.

El desbloqueo de los fondos que plantea Madrid supondría unos 330 millones pra la comunidad gallega, una cifra que queda pendiente de ingreso pero ya presupuestada por la Xunta.

Esta cantidad no incluye toda la deuda que la Xunta reclama al Gobierno Central, y que alcanza los 700 millones entre una mensualidad del IVA del 2017 (170 millones) y compensaciones por cumplir con las reglas de gasto y déficit (200 millones). Es decir, solo se podría liquidar menos de la mitad de lo que le corresponde.

A la espera de disponer de ese dinero, el Gobierno gallego fue tirando de nuevas pólizas de crédito y de retrasos en los pagos a proveedores (aún por debajo de los 30 días que marca la norma) para evitar recortes de servicios públicos que otras comunidades sí han anunciado.

Por su parte, fuentes de la Consellería de Facenda señalaron que no tienen ninguna novedad sobre esos pagos pendientes. En todo caso, el Gobierno gallego no renuncia "a ningunha vía" para poder percibir íntegramente los 700 millones que le adeuda el Estado desde que gobernaba Mariano Rajoy.