La Xunta se encuentra actualmente en una "situación de práctica emergencia financiera", pese a haber cerrado el año pasado con superávit por primera vez en 16 años. Y culpa de ello al Gobierno central por no entregarle los 700 millones de euros que le reclama en concepto de entregas a cuenta de este ejercicio (330 millones), un mes de recaudación del IVA de 2017 (198) e incentivos por disciplina fiscal (170). Para paliar esa situación, el Ejecutivo autonómico ha recurrido al endeudamiento, pero ello ralentiza el acceso a la liquidez, aumentando la demora en el pago de facturas.
El conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, elevó la intensidad de las alertas lanzadas por la Xunta en los últimos meses a raíz del conflicto económico con el Gobierno del socialista Pedro Sánchez, que hace dos semanas ya descartó abonar este año 370 de los 700 millones en discusión. Quedan fuera de la negociación el IVA y los incentivos fiscales, que el Ejecutivo central considera potestativos y no de pago obligatorio.
El conflicto comenzó hace más de un año a raíz de un cambio en el modelo de contabilidad estatal aprobado por la administración del popular Mariano Rajoy, que dejó a las comunidades sin cobrar un mes de la recaudación del IVA de 2017.
Tras la moción de censura que aupó a la Presidencia al socialista Pedro Sánchez, la nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, prometió al titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que abonarían ese dinero, pero vinculó el pago a los presupuestos estatales de este año, que no lograron ser aprobados.
En cuanto a las entregas a cuenta, Hacienda alegó primero no poder actualizarlas al carecer de cuentas para este ejercicio y estar en funciones. Después prometió que encontraría una fórmula para ceder esos fondos -unos 7.000 millones a repartir entre las autonomías- antes del 15 de diciembre, pero todavía no la ha concretado.
La Xunta ha recurrido a la deuda para cubrir la falta de unas aportaciones con las que, en parte, contaba en sus presupuestos para este año. Ello ha elevado sus obligaciones hasta los 11.685 millones, la segunda mayor cifra de su historia, al tiempo que ha aumentado hasta 17 días el período medio de pago a proveedores, al igual que otras 14 comunidades. Aun así, se ajusta al límite legal de 30 jornadas.
Los "impagos" de la administración central se están trasladando a autonomías y "en menor medida a las corporaciones locales [...] vía deuda", expuso ayer Martínez. "Lógicamente, el primer factor, junto con esta subida de deuda, es una ralentización del pago a los proveedores", añadió antes de exigir de nuevo los fondos pendientes. "Son recursos que deberían estar en las comunidades y corporaciones locales y no están llegando y ya estamos en octubre", lamentó.
Pese a esa situación y la "inestabilidad política" existente ante las elecciones generales del 10 de noviembre -las cuartas de este tipo en cuatro años-, la Xunta dará mañana el primer paso para aprobar sus cuentas para el año próximo, en el que se celebran comicios autonómicos.
El Consello del Ejecutivo aprobará su techo de gasto, que se debatirá el próximo martes en el Parlamento y permitirá dar luz verde inicial a ese plan económico en dos semanas, según avanzó Martínez.
La Xunta aborda ese proceso sin conocer las entregas a cuenta -el grueso de la financiación autonómica- ni el techo de gasto estatales, que determinan su margen de actuación. Tampoco sabe si recibirá los 700 millones pendientes reclamados ni cuestiones como la tasa de reposición de vacantes funcionariales que fija el Gobierno central o el marco de subida salarial para los empleados públicos.
"Estén atentos ustedes a por donde van los tiros en el techo de gasto", deslizó Martínez a la prensa antes de participar en Santiago en la inauguración de la jornada Desafíos pendientes de la descentralización en España: suficiencia y autonomía tributaria.
