Los gallegos se quejan un poco menos, pero en el centro de sus preocupaciones está en mayor medida la sanidad. Así podría sintetizarse el informe relativo a 2018 sobre las reclamaciones que recibe la Valedora do Pobo y cuya titular, María Dolores Fernández Galiño, entregó ayer al presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices. En el cómputo global, las reivindicaciones adelgazan en comparación con 2017 casi un 30%, hasta las 20.807, porque las colectivas suman menos adeptos, pero ganan peso las que permiten al alto comisionado constatar, según figura en el documento, cómo la población gallega "percibe una deterioración continua del sistema público de salud", una situación que afecta no solo a la atención primaria, matiza, sino también a la especializada.
Se dice que la salud es lo primero y lo demuestra que protagoniza cuatro de cada diez quejas. Influye el que de los 8.437 expedientes registrados en esta categoría, más de cinco mil lleven el sello de Coruxo, de Vigo, en una reclamación por el cierre del servicio de pediatría en el centro de salud. Y es en la carestía de pediatras donde incide el informe, relativo a la actividad desarrollada en 2018, es decir, bajo la anterior Valedora, Milagros Otero, que dejó el cargo tras la sentencia condenatoria por el nombramiento de la jefa de personal de la institución.
Tras destacar que "la mayor parte de las reclamaciones se centran en la disminución de profesionales, de servicios y demoras excesivas en la atención" y recordar que las quejas que denuncian cuadros de personal "insuficientes" o "escasez de sustitutos" son "reiteradas", el alto comisionado apunta que la problemática no surge en 2018 y pone de ejemplo a los pediatras.
En relación a la alegada falta, desde el Sergas, de este tipo de personal que dificulta su cobertura en atención primaria y obliga a concentrar la atención en un centro de salud, la Valedora recuerda que ya en 2017 Sanidade aceptó una recomendación "para estudiar fórmulas que paliasen" su escasez. "El problema persiste", cuestiona el informe, y en 2018 las reclamaciones "se fueron incrementando", lo que provoca que la Valedora recuerde a la Xunta que "deben barajarse de forma inminente opciones" para intentar "paliar" la situación, dado que ampliar las cuotas de pediatría en el MIR, como pedía el Sergas al Gobierno, requiere un tiempo "superior".
Para la Valedora, la asistencia médica a los niños por un médico de familia "no debe constituir una medida común" y la "redistribución" de pediatras debe permitir una atención "continuada" a los niños. Frente a ello, recomienda -y así se aceptó, dice- estudiar fórmulas para "incentivar" a los profesionales a prestar servicios en los ambulatorios y a preparar un informe que incluya una planificación a largo plazo de las necesidades "reales" de tales facultativos, "trasladando el resultado a la propuesta de cuota" para MIR al Gobierno.
En el informe, la Valedora también se refiere a quejas en servicios sociales, energía o la situación de vivienda protegida. Señala así en dependencia el "aumento" quejas por "atrasos en la valoración". Asimismo ve "preocupante", por ejemplo, el "descenso acusado en la renovación del bono social eléctrico". En cuanto a vivienda protegida, insta a poner recursos para materializar respuestas al incremento de solicitudes de acceso a estos hogares, "especialmente" en régimen de alquiler.
