La titular del Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid, Raquel Robles González, abrió la semana pasada una investigación contra tres diputados del Grupo Confederal de Unidas Podemos, entre ellos los gallegos Antón Gómez-Reino y Yolanda Díaz, por un delito de atentado a la autoridad durante una manifestación de los trabajadores de Alcoa frente al Congreso, sin tener en cuenta que están aforados por su condición de parlamentarios. Esto significa que solo el Tribunal Supremo puede investigarlos.
Cinco días después la magistrada se ha percatado de ello y ha dictado una providencia en la que pide al Congreso que le certifique la condición de aforados de los tres imputados.
Mientras tanto, la jueza ha desistido de su intención de interrogar como investigados a Rafael Mayoral, Antón Gómez-Reino y Yolanda Díaz.
El informe policial sobre los hechos por los que la juez ha decidido abrir causa ya apuntaba expresamente que Mayoral, Gómez-Reino y Díaz eran miembros del grupo parlamentario de Unidas Podemos, por lo que solo pueden responder ante el Tribunal Supremo.
Se da la circunstancia de que los tres investigados mantienen su aforamiento, ya que forman parte de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados en representación del Grupo Confederal de Unidas Podemos.
Mientras tanto, dos centenares de personas se concentraron ayer ante los juzgados de A Coruña en apoyo a los sindicalistas de CC OO y de los trabajadores de Alcoa investigados judicialmente a raíz de la movilización ante el Congreso de los Diputados el 28 de marzo. La protesta reclama el archivo de la causa en la que se les acusa de atentado contra la autoridad una vez se cierre este proceso de diligencias previas.
