La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra condenó a tres años de prisión a un funcionario, F.J.M.B., por cobrar por la tramitación de permisos de residencia en la ciudad del Lérez en 2016, así como a abonar una sanción de 5.400 euros.
La sentencia, contra la que cabe recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), también recoge que deberá indemnizar con 150 y 50 euros a dos mujeres a las que cobró por el servicio, que se encontraba dentro de sus funciones.
Así, se le ha condenado por un delito continuado de soborno a este hombre, que trabajaba en la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, y se le ha inhabilitado para desempeñar cargos públicos durante siete años.
En concreto, en 2016 inició, tramitó y finalizó cuatro expedientes de residencia por los que no debía haber percibido remuneración.
