La Xunta dio luz verde ayer a la nueva Lei de garantías de abastecemento en episodios de seca, que prevé reducir a la mitad las fugas de agua que se producen en las redes de abastecimiento y que en la actualidad se sitúan en el 40%.
La Xunta obligará a los concellos a instalar medidores para cuantificar las fugas. Además deberán realizar una auditoría de sus infraestructuras hidráulicas. Dispondrán para ello de dos años de plazo. Y después de otro año más para ejecutar las obras necesarias para solucionar las deficiencias. Pasado ese plazo se gravará con el canon del agua a todos aquellos concellos que tengan pérdidas superiores al 20%. Además la ley establece que deberán eliminarse de los recibos los consumos mínimos por los que no se cobra.
La ley permitirá también a los ayuntamientos realizar expropiaciones para obras urgentes en caso de sequía.
