La Xunta concederá un "margen amplio" antes de comenzar a exigir a 350.000 edificios la nueva evaluación obligatoria sobre seguridad, certificación energética y accesibilidad que resulta necesaria para los bloques residenciales de más de 50 años de antigüedad. Esta exigencia se encuentra recogida en la recién aprobada ley de rehabilitación y regeneración urbanas, pero el reglamento que desarrollará esta obligación ha iniciado hoy su tramitación, por lo que por delante le queda todavía un largo proceso al que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no ha podido poner plazos para su entrada en vigor.
En todo caso ha advertido que la obligación afecta a 350.000 edificios que suponen el 23% de todo el parque inmobiliario de Galicia, por lo que considera "lógico" que debido al volumen de construcciones afectadas haya que conceder un "amplio periodo de tiempo" antes de exigir el Informe de Avaliación de Edificios.
Este requerimiento es más extenso que el informe técnico que ahora mismo exigen los grandes municipios, ya que además del certificado de mantenimiento y seguridad de la estructura contiene una evaluación del nivel de ahorro energético y de la facilidad de acceso para las personas de reducida movilidad. Otra novedad es que será exigible esta evaluación en todos los municipios, con independencia del número de habitantes, mientras que ahora la inspección técnica solo se aplica a los concellos más grandes.
