La Xunta defiende "el rigor y la corrección" del plan de transporte, después de que el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia haya decretado su suspensión de forma cautelar a petición de las patronales del sector.
La Consellería de Infraestruturas aprobó recientemente la licitación de un total de cien contratos de transporte público, que abarcan dos mil líneas, que operarán en Galicia durante la próxima década.
Tras la resolución del Tribunal de Contratación, la Xunta enfatiza la "absoluta corrección jurídica" de la licitación en curso, al tiempo que garantiza que "se mantiene invariable el cronograma que prevé que los nuevos contratos de transporte empiecen a funcionar el próximo mes de agosto".
Además, remarca que es preferible no avanzar en la licitación mientras el tribunal no se pronuncie sobre el recurso anunciado por las patronales del transporte.
Por ello, el Gobierno gallego explica que no argumentó contra la suspensión para que existan "plenas garantías jurídicas". De esta forma se evita el posible perjuicio a los licitadores y al servicio público, añade.
Junto a esto, recuerda que cuenta con el aval del pronunciamiento a su favor del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ante un recurso similar presentado por las federaciones de transporte en 2017.
Los socialistas
El PSdeG, sin embargo, mostró su preocupación por la suspensión cautelar del plan de transporte y avanzó que exigirá explicaciones al Gobierno gallego en el Parlamento. El portavoz de Transporte del grupo socialista, Luis Álvarez, avanza la presentación de iniciativas parlamentarias para reclamar a la Xunta que otorgue seguridad jurídica a las concesiones.
Y es que remarca que esta suspensión afecta a la mayoría de las concesiones del servicio público de transporte, en el marco de un plan que tendría que entrar en funcionamiento en agosto en las líneas de autobús. Recuerda que, con base en lo apuntado por la consellería, el 7 de agosto deberían entrar en funcionamiento.
