Contas evaluará la eficacia de las políticas sanitarias, educativas y de servicios sociales

El Consello de Contas afrontará durante el próximo cuatrienio un pequeño vuelco en sus actuaciones. Sin desatender su principal labor, que es la de fiscalizar las cuentas públicas de las distintas administraciones, reforzará las llamadas auditorías operativas, un mecanismo de control que, al margen de los aspectos meramente contables, tiene por objeto principal evaluar la eficacia, el funcionamiento y los resultados de las políticas públicas. Y lo que hará será centrarse en la sanidad, la educación y los servicios sociales porque, argumenta el Consello de Contas, "son las áreas que preocupan a la ciudadanía".

En el pasado ya se hacían este tipo de evaluaciones, pero de forma puntual sobre aspectos concretos. El cambio es que ahora esta vía de intervención se ha incorporado de forma estable a sus funciones.

Así, aparece recogida como una línea de actuación consolidada en su Plan Estratégico, el primero que hace en su historia el órgano fiscalizador de la comunidad autónoma y en el que se fija una planificación a medio plazo, para un periodo no inferior a tres años, que en este caso va de 2019 a 2022. Hasta ahora, su agenda se elaboraba siempre ejercicio a ejercicio, con un plan de trabajo en el que se marcaban los objetivos concretos para un solo año.

En su estrategia el Consello de Contas, bajo la premisa de mejorar la gestión pública, "incrementará la actividad fiscalizadora a través de las auditorías operativas", actividad de control en la que no se tienen en cuenta los aspectos contables ni la correcta aplicación de las normas de provisión y gasto. Su objeto es otro. Medir la eficacia y el funcionamiento de diversas medidas políticas y comprobar si cumplen los objetivos para las que están diseñadas.

Y en esta primera campaña esta evaluación se centrará "en las áreas de gestión que preocupan a la ciudadanía, como son la sanidad, la educación y los servicios sociales". No obstante, en el radar del Consello de Contas también figura el gasto destinado a las infraestructuras y el método que se emplea para su financiación.

Será luego en el plan anual de trabajo donde Contas identifique las medidas concretas que va a analizar y el tipo de administración al que dirigirá su evaluación, ya sea la Xunta, las diputaciones, los concellos o cualquiera de las agencias o organismos autónomos del Gobierno gallego con competencias en las materias objeto de control.

En todo caso, las actuaciones de fiscalización pura continuarán. En el periodo 2019-2022 "se pondrá el foco en las principales áreas de riesgo", con el control "sistemático" de la contratación y de las subvenciones públicas, "así como de las áreas de gasto con mayor volumen de irregularidades".

Esta actuación se complementará con una "fiscalizaciones específicas" de aquellas entidades en las que se aprecien indicios de irregularidades o que no rindan cuentas y además, con la toma en consideración de las denuncias que ante el Consello de Contas presenten personas físicas o jurídicas.

El órgano fiscalizador hará también un esfuerzo para corregir un mal casi endémico, la tardanza en emitir sus informes, con varios años de retraso sobre el ejercicio investigado. Por ello, se propone "el acercamiento temporal de la actividad de control al momento en el que se producen los hechos sujetos a la fiscalización y el acortamiento de los plazos de ejecución, proponiendo modificaciones normativas tendentes a la mejora de los plazos de rendición, así como medidas de acceso a la información económica-financiera antes de la rendición de cuentas".

Otro cambio que se busca es integrar en un informe general los resultados de la fiscalización del sector público autonómico para dotar de mayor visibilidad y valor a la declaración definitiva, en vez de tener conclusiones independientes para cada actuación.