Los funcionarios solo podrán hacer tres horas extra a la semana para actualizar juzgados
El lunes arrancan los trabajos para paliar el colapso y la Xunta invertirá 300.000 euros
A. moledo | A Coruña
La huelga de los funcionarios de Xustiza (gestores, tramitadores y personal de auxilio) que se prolongó desde febrero a finales de mayo colapsó el sistema judicial. La protesta de los 2.700 trabajadores públicos para reclamar a la Xunta un incremento salarial provocó el aplazamiento de 20.000 juicios y decenas de miles de trámites y con los registros civiles paralizados. Por eso, la Xunta y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acordó un plan de recuperación del trabajo atrasado por la huelga, cuya primera fase arrancó en junio y que solo secundó el 8% de la plantilla cobrando horas extras para descongestionar los registros civiles.
La segunda fase del plan empezará el lunes y ya afectará a los juzgados. La Xunta pagará un máximo de 20 horas semanales por juzgado, es decir, entre dos y tres horas semanales por cada funcionario que acepte de forma voluntaria acogerse al plan. Para ello, el Gobierno gallego destinará 300.000 euros, que se suman a los 105.000 invertidos en la primera fase.
Además de las horas extras invertidas por los funcionarios para agilizar estos trámites, el mes pasado el TSXG propuso al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que autorizase a los jueces titulares de los tribunales colapsados redoblar esfuerzos para sacar adelante los asuntos atascados. Sin embargo, el presidente del Consello da Avogacía, Félix Mondelo, apuntó que por ahora la Xunta no puede contar con los jueces, letrados y fiscales para señalar juicios por las tardes lo que, en su opinión, supondría realmente agilizar el trabajo en los tribunales. Por eso, se muestra "parcialmente satisfecho" con el plan porque si no se celebran juicios quedarán pendientes las sentencias.
Seis meses de espera
Por su parte, el sindicato Alternativas na Xustiza-CUT criticó que la Xunta esperase casi seis meses desde el final de la huelga para anunciar la medida y lamenta además que el plan "obvia" la situación de órganos como los juzgados de lo Penal, de Instrucción, de la Contencioso-Administrativo o de Vigilancia Penitenciaria en los que, según la CUT, "los números no se recuperarán en muchos años".
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