Un total de 36 empresas pirotécnicas fueron sancionadas desde 2017 hasta el pasado 31 de julio por incumplimientos en materia de seguridad. A raíz de las denuncias presentadas por la Guardia Civil, el Gobierno impuso un total de 43 multas -a una empresa se le puede imponer más de una sanción si se detectan varias irregularidades-. Sin embargo, la cuantía de estas penalizaciones se limitó a 33.000 euros. La provincia de Pontevedra acaparó el 60 por ciento de los expedientes sancionadores: un total de 25 con un importe de 14.516 euros.
La explosión el pasado mes de mayo de un almacén ilegal de explosivos en Tui, en el que fallecieron dos personas y otras 37 quedaron heridas, puso el foco en la seguridad de estas instalaciones. La pirotécnica propietaria del depósito que estalló en la parroquia tudense de Paramos tenía desde hacía tres años una sentencia que ordenaba su cierre por cuestiones urbanísticas, pero el Concello no ejecutó el fallo hasta el pasado lunes.
Tras la explosión de Tui, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que se había puesto en contacto con la Delegación del Gobierno de Galicia para que iniciase una revisión "pormenorizada" de todas las empresas pirotécnias de Galicia. Las competencias de inspección corresponden en exclusiva al Ejecutivo central. Sin embargo, desde la Delegación del Gobierno explican que no se han reforzado los controles tras la catástrofe de Tui, puesto que, según argumentan, hay ya un plan de inspección anual con visitas frecuentes a estas empresas.
En Galicia existen, entre talleres, depósitos y establecimientos de venta al público un total de 122 instalaciones relacionadas con la pirotecnia (48 en la provincia de A Coruña, 23 en Lugo, 11 en la de Ourense y 40 en la provincia de Pontevedra.
Las pirotecnias están sujetas a un doble tipo de inspección. Por un lado, las áreas de Industria y Energía se encargan de supervisar la seguridad industrial y laboral de estas instalaciones. Según explican desde la Delegación del Gobierno, aunque la legislación establece una inspección al año, "la realidad es que estos talleres así como los depósitos de almacenaje están sometidos a revisiones rutinarias por parte de los técnicos estatales".
En lo que va de año, no se multó a ninguna de estas empresas por incumplimientos en materia de seguridad industrial y laboral, aunque, según explican desde la Delegación del Gobierno, sí se enviaron requerimientos para subsanar deficiencias leves que no justificaban la apertura de un expediente sancionador. "Son pequeños defectos que se da un plazo para modificar y se vigila su cumplimiento", aclaran.
Los otros controles a los que son sometidas las pirotecnias están relacionados con la seguridad ciudadana, es decir se vigila que se cumplan las medidas para evitar accidentes, que los materiales están correctamente almacenados etc. De estas inspecciones se encarga la Guardia Civil.
Los agentes someten a las 122 instalaciones pirotécnicas de Galicia a dos revisiones anuales, con carácter ordinario, sin perjuicio de otro tipo de controles extraordinarios. Además también se realizan inspecciones en toda la comunidad autónoma cuando se celebran espectáculos con artificios pirotécnicos, sobre todo en época estival.
En el transcurso de 2017 y hasta el 31 de julio de 2018 la Guardia Civil tramitó 36 denuncias administrativas por fallos en la seguridad de estas instalaciones.
Estas denuncias dieron pie a la apertura de los correspondientes expedientes por parte de la Delegación del Gobierno, que se saldaron en un total de 43 multas. Al tratarse de infracciones leves, sin embargo, la cuantía de las sanciones fue solo de 33.000 euros, es decir una media de 770 euros por sanción.
De las 43 multas, 25 se impusieron en Pontevedra con un importe de 14.516. Otras nueve fueron en Ourense (6.204 euros), seis en A Coruña (10.300 euros) y tres en Lugo (2.002 euros).
