La Xunta trata a cien menores conflictivos al año para evitar que su conducta se agrave

Trastornos de conducta, delitos, consumo de drogas, fracaso, expulsión y violencia escolar, pertenencia a pandillas violentas, trastornos psicopatológicos... Son algunos de los perfiles los menores que son atendidos de forma individualizada y especializada en el programa de intervención ambulatoria que lleva a cabo la Xunta en colaboración con Alborada, en Vigo.

Cada año, una media de más de un centenar de niños y adolescentes, bien por tener abierto un expediente de protección en la Xunta y encontrarse en una situación de conflicto social, bien porque un juzgado lo ha ordenado como parte de medidas no privativas de libertad por la comisión de algún delito, se benefician en las instalaciones de la entidad viguesa de un programa cuyo objetivo primordial es prevenir. Se trata, explica la directora xeral de Familia de la Xunta, Amparo González, de "minimizar las conductas problemáticas, con el fin de evitar que se agraven y reducir la probabilidad de una intervención más intensa".

Aunque lo estándar es que los beneficiarios que acuden al programa tengan entre 12 y 18 años, la responsable de Familia de Política Social concede que en los últimos años se detectan "más" situaciones y en algunos casos con más precocidad, aunque en los números finales sigan siendo "residuales". Así, en 2017 fueron 110 menores, 46 chicos y 64 chicas -principalmente de Vigo y de su área metropolitana-, los atendidos y aunque el grueso de las intervenciones se llevaron a cabo con jóvenes de entre 15 y 17 años, se registraron dos casos que tenían 11 años de edad.

Los niños y adolescentes que acaban en el programa de intervención ambulatoria desarrollado por Alborada no llegan a sus instalaciones por una única razón, sino que vienen derivado de un servicio de menores por dos o más motivos combinados: trastornos de conducta, problemas en el ámbito formativo o laboral y familiar, violencia filioparental, absentismo escolar, orientación personal y medidas judiciales. La razón principal para ingresar en el programa son los conflictos intrafamiliares en la mitad de los jóvenes, y en un 46% se trata de problemas comportamentales y orientación personal.

No solo se hace un itinerario "personalizado" para cada niño, porque "cada uno trae su propia mochila y viene cargado con determinadas cuestiones y situaciones familiares", como explica Amparo González, sino que también se trabaja en el ámbito grupal y, en aquellos casos en los que hay relación, una complicidad con la familia biológica o acogedora. "Creemos que es imprescindible que tenga continuidad cuando el joven llega a casa", señala.

En el centro, la prevención se entiende de forma "integral": habilidades sociales, desarrollo personal, autocontrol emocional, prevención de comportamientos violentos, educación afectivo-sexual, igualdad de género, educación para la salud e incluso busca activa de empleo y convivencia. "Para que puedan tener una vida autónoma e independiente", apunta la responsable de Familia de la Xunta.

Respecto a las características sociodemográficas de los adolescentes, los últimos datos publicados por Alborada, de 2015, reflejan que una cuarta parte de los menores atendidos son de minorías étnicas u otras nacionalidades, nueve de cada diez están escolarizados, siete de cada diez admiten el consumo de sustancias (sobre todo alcohol) y un 7% tiene abierto (o se le abrió ese año) un expediente judicial. Además, en un 44% de los casos reside en centros de protección de menores.