Uno de los principales problemas para movilizar las tierras agrarias con vocación productiva de Galicia reside en la dificultad extrema para la identificación y localización de los propietarios de las parcelas. El Catastro, la gran base de datos y casi única fuente de información oficial, no cumple su función porque está plagado de errores. Sus registros no se adecuan a la realidad física de las parcelas ni están todos los dueños inscritos. Y esta situación se quiere corregir. Por eso, el dictamen elaborado por el PP -de la mano con la Xunta-, a raíz de la comisión de investigación en el Parlamento gallego sobre la ola de incendios del pasado octubre y la reforma forestal, reclama al Catastro que corrija los fallos e incluso emprenda una revisión definitiva del suelo rústico de la comunidad autónoma.
"Hay gente dispuesta a movilizar tierras productivas en el campo, pero el primer problema es que no se tiene información de los propietarios", advierte el diputado del PP José González, quien recuerda que en Galicia hay más de 11 millones de parcelas y más de un millón de titulares catastrales. "Hay una dificultad de base que impide movilizar tierras y ampliar la base territorial de quien lo necesita. El Catastro no está adaptado a la realidad física de la comunidad", sostiene el parlamentario.
En su dictamen, que resultará aprobado porque el PP tiene mayoría absoluta, se recogen las conclusiones que dejaron los expertos y profesionales en su paso por el Parlamento para participar en la comisión de investigación. En el documento figura una amplia lista de taras del Catastro. Entre ellas, la existencia de un elevado número de parcelas a nombre de personas que resultan ilocalizables. Como ejemplo, solo en las franjas de seguridad que rodean los núcleos de población y que deben limpiarse para prevenir los incendios se calcula que el 40% de los propietarios no se puede localizar. "La dificultad de realizar la depuración de este tipo de titulares catastrales estriba en la diversidad de causas que están detrás, como personas fallecidas sin herederos, compra-ventas o permutas no comunicadas al Catastro o herencias sin partir", se plasma en el documento. La consecuencia es que estas fincas están en estado de abandono.
Luego están las parcelas sin dueño conocido, que el propio Catastro establece en algo más de 330.000. A estos problemas se suman también "irregularidades tanto en los límites de los predios como en la superficie de los mismos", las "inexactitudes de muchas de las revisiones catastrales" realizadas en los municipios, la existencia de "importantes partes del territorio" sin deslindar o las "dificultades" para realizar cambios en los datos catastrales, "sobre todo la demora que se produce en la tramitación de las modificaciones".
Estas "disfunciones", se concluye en el dictamen, "dificultan de forma evidente el adecuado funcionamiento de las demás fuentes de información, dado el carácter global que tiene el Catastro en cuanto recoge el inventario de todo el terreno rústico de Galicia, pues es la principal y casi exclusiva fuente de información existente en relación a la titularidad de los predios rústicos".
Para intentar corregir todos estos errores, lo que se plantea desde Galicia es establecer mecanismos de colaboración entre Agader -la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural- y la Dirección General del Catastro para "mejorar la adecuación de sus datos" a la realidad del suelo rústico de Galicia, tanto en lo que se refiere a los titulares catastrales como a los datos de las fincas. "Se impulsarán convenios en este sentido con el fin de alcanzar este objetivo, contemplando la posibilidad de realizar una revisión completa del catastro de la superficie rústica de Galicia", se recoge.
Enlazada con esta propuesta figura también la demanda para modificar el marco normativo de forma que las fincas con propietario desconocido se incorporen directamente el patrimonio de Agader y se inscriban a su nombre en el Registro de la Propiedad, para que la Xunta pueda movilizarlas con fines agrarios con todas las garantías jurídicas. Estas tierras acaban en posesión del Estado, si bien es un proceso largo y tedioso y lo que se reclama es que se traspasen a la comunidad autónoma de forma directa.
