Los contribuyentes que tributaron por la venta de un inmueble pese a no haber logrado beneficio alguno llevan más de un año a la espera de la reforma del impuesto de plusvalía municipal, un gravamen que aplican los ayuntamientos pero cuya regulación corresponde al Estado. El proyecto de ley para modificar este tributo, que en Galicia cobran un total de 115 concellos, llegó ayer al pleno del Congreso para su toma en consideración -el trámite inicial- un año después de que el Tribunal Constitucional anulara el llamado impuesto sobre el Incremento de Valor de los terrenos de Naturaleza Urbana en aquellas operaciones a pérdidas, ya sean ventas de pisos o locales comerciales, herencias o donaciones.
Pero los cambios propuestos por el PP suscitan controversia. En especial en dos aspectos. Por un lado, la forma de compensar a los contribuyentes afectados y, por otro, qué administración asumirá el coste de las devoluciones en aquellas transacciones a pérdidas, que tanto puede ser el Estado como los respectivos ayuntamientos. El texto de la reforma que ayer llegó a la Cámara baja aplica criterios restrictivos para las devoluciones que amenazan con dejar fuera a miles de contribuyentes gallegos, ya que la modificación descarta compensar a quienes vendieron a pérdidas antes del 15 de junio de 2017, fecha en la que se publicó en el Boletín Oficial del Estado el fallo sobre la inconstitucionalidad del impuesto de plusvalía en las operaciones a pérdidas.
En el caso de Galicia, las primeras estimaciones cifraban en más de 18.000 los damnificados en Galicia por la sentencia del Constitucional sobre las transacciones a pérdidas. Este cálculo, realizado por Tasadores inmobiliarios Tinsa, tenía en cuenta las operaciones con minusvalía de los últimos cuatro ejercicios no prescritos. Sin embargo, la reforma del tributo solo asume las devoluciones desde junio del año pasado, fecha en la que se hizo extensible a todo el país los fallos emitidos con anterioridad por el Constitucional en territorios como Guipúzcoa o Álava.
Hasta ahora, la fórmula de cálculo del impuesto, que parte del valor catastral pero no tiene en cuenta los precios reales de la transmisión, obliga a pagar a quienes, por ejemplo, venden un piso en pérdidas, algo muy habitual desde 2008 por el hundimiento de los precios tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Pese al desplome de las tarifas y la caída en picado de las ventas de viviendas tras el estallido de la crisis, año tras año los ayuntamientos gallegos baten récord de recaudación del impuesto de plusvalía.
Recaudación
Solo en 2016, según los datos de la liquidación definitiva de los presupuestos locales, los 115 concellos que cobran este tributo ingresaron más de 47,6 millones de euros, un 76% más que en 2008. Ante los sucesivos fallos del Constitucional, expertos cifraron en más de 80 millones la s devoluciones por el impuesto de plusvalía en Galicia.
La reforma del PP, previa negociación entre Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), excluirá del tributo a los contribuyentes que acrediten con las escrituras públicas que no existió incremento real del valor del suelo. Ese procedimiento, que algunos ayuntamientos ya están utilizando, se generalizará cuando la modificación entre en vigor. La aplicación del nuevo procedimiento, según la FEMP, supondrá una rebaja media en la recaudación de la plusvalía del 20%.
¿Qué ocurrirá con los contribuyentes que ya pagaron pese a haber vendido a pérdidas o haber heredado un inmueble que se devaluó desde que fue adquirido por el difunto? El proyecto de reforma no detalla nada sobre el procedimiento de devolución -es decir si será el Gobierno central o el ayuntamiento de turno el que costeará la devolución-, pero sí precisa que las modificaciones tendrán efecto desde el 15 de junio de 2017, fecha de la publicación oficial de la sentencia del Constitucional.
En consecuencia, serán muchos más los que quedarán excluidos de esta "devolución automática" por ventas a pérdidas, aunque -como hasta ahora- tendrán la opción de ir a los tribunales para reclamarla, salvo que haya un vuelco en la reforma.
Desde la Federación Galega de Municipios de Provincias (Fegamp), su presidente, Alfredo García, ya dejaba un mensaje a Hacienda en una reciente entrevista a este periódico: "Si el Estado no asume el coste de la plusvalía, los concellos recurriremos a los tribunales; la Fegamp ya tiene experiencia en poner un contencioso y ganarlo ante el Gobierno".
Durante la tramitación del proyecto de reforma del PP ayer en el Congreso, Ciudadanos anunció ya su voto en contra por el carácter retroactivo que fija la reforma del PP. En línea con las aspiraciones de la Federación Española de Municipios, los parlamentarios del PSOE y de Unidos Podemos anunciaron la presentación de enmiendas para que se compense económicamente a las corporaciones municipales, tanto por las devoluciones como por la merma de ingresos que tendrán con el cambio en la regulación de este impuesto.
