La huelga de los juzgados gallegos arranca hoy su cuarto mes, convirtiéndose en una de las más largas registradas en la comunidad gallega. Tras 90 días de paro, 25.000 juicios suspendidos y miles de trámites postergados, afronta una semana crucial. El seguimiento de las últimas jornadas se mueve en mínimos desde que comenzó la protesta, los sindicatos están profundamente divididos y la intención de la Xunta es convocar una nueva negociación con el propósito de cerrar del conflicto.

Cumplidos los tres meses desde el inicio del pulso con la Administración, la desmovilización de los trabajadores aumenta cada día y cada vez vuelven más a sus puestos de trabajo. CCOO, que si bien es el sindicato con menos representación, ha dado instrucciones a sus militantes para que retomen sus taras en los juzgados y se ha retirado de toda negociación.

En 90 días, el conflicto con la Xunta, que empezó un comité de huelga en el que los siete sindicatos del sector pelearon unidos por las mejoras laborales, ha dado muchos giros. El más significativo, la ruptura de la unidad sindical el pasado 26 de abril, USO, UGT, CSIF y CCOO aceptaron un preacuerdo con la Xunta que fue sometido a consulta de los trabajadores, contando con el rechazo total de CUT, CIG y STAJ. Triunfó el "no" en una bronca votación donde los cuatro sindicatos favorables a desconvocar la huelga denunciaron "amenazas y coacciones" de los otros tres. La vuelta a una hipotética unidad sindical quedó sentenciada.

Pero quedaba un nuevo giro del guion. USO, la central mayoritaria en el sector, cambió de bando y optó por asociarse con las tres centrales que habían rechazado la oferta de la Xunta. Ahora forman un nuevo frente que ha elaborado una propuesta más y que ha trasladado a la Xunta su disposición a suspender la huelga si se retoman las negociaciones. El foco está no tanto en la subida salarial como en su propósito de recuperar el dinero que se descontó a los trabajadores durante los tres meses de paro.

En el otro bando de los sindicatos, CCOO se ha declarado fuera de juego, UGT aboga por conducir la negociación en una mesa sectorial y CSIF, que insiste en la mediación, avisa que negociará por su cuenta.

Pero es la Xunta la que debe dar el paso de convocar a los sindicatos. El vicepresidente, Alfonso Rueda, espera que el conflicto se cierre "cuanto antes" e incluso apuntó a esta semana como la definitiva para poner el punto final a la protesta. No le ve sentido a dialogar con un comité "disminuido" y se reafirma en que se negociará en un foro con "todos" los sindicatos, lo que abre la vía de la mesa sectorial. También espera que aquellos que "no querían el acuerdo" entren "en razón" y acepten "negociar sobre lo que se puede negociar, que es la oferta de la Xunta".

Sobre la mesa está la última propuesta de la Administración, que se traduce un aumento de 140 euros al mes para los médicos forenses, 135 para los gestores, 127 para el cuerpo de tramitación y 122 para auxilios, a aplicar en tres anualidades. Los funcionarios percibirán el 50% de este alza ya en este ejercicio, una vez que se valide el acuerdo, el 30% en 2019, y el otro 20% restante en 2020.