Los funcionarios de Xustiza que llevan en huelga desde el día 7 saldrán hoy a la calle en Santiago en una manifestación que los sindicatos prevén que sea "masiva" y a la que piden que los participantes acudan "de luto" por "la muerte de la justicia en Galicia a manos de la Xunta". La protesta se celebra en un momento en el que el conflicto está más enquistado que nunca por la diferencia de posturas entre el comité de huelga y el Gobierno gallego que provocaron el bloqueo de las negociaciones, en punto muerto tras el fracaso de las reuniones de esta semana.
Las 13 jornadas de paro indefinido han provocado la suspensión de 6.500 juicios y la denegación de 20.000 trámites. Al personal de la Administración de Justicia que depende de la Xunta -gestores, tramitadores y personal de auxilio y desde el jueves los forenses- y que secunda la huelga se le descuenta, según los sindicatos, entre 60 y 90 euros de sueldo por día, lo que supone una media de 75 euros por jornada que suman 975 euros desde el inicio del paro.
Las organizaciones sindicales cifran el seguimiento de la protesta en un 90% entre los más de 2.700 funcionarios de Xustiza en todas las jornadas de huelga, y la Xunta rebaja esa cifra al 40%. Serían 2.430 trabajadores que secundan el paro en el primer caso y 1.107 en el segundo, por lo que la cuantía global descontada desde el inicio de la huelga oscilaría entre los 2,3 millones de euros y el millón de euros, respectivamente. Desde las centrales sindicales aclaran que pese a que se está alargando el conflicto y, por tanto, afectando también al bolsillo de los empleados, el seguimiento se mantiene en los mismos niveles porque, aducen, se trata de un "tema de dignidad. Además, acusan a la Xunta de "echar más gasolina" en lugar de calmar los ánimos al tratar de poner a los funcionarios de Xustiza en contra de la opinión pública. Por eso, piden "un esfuerzo de movilización" para hoy después del "retroceso" en las negociaciones con el Ejecutivo autonómico y, en su opinión, "las reiteradas mentiras, engaños y desprecios a trabajadores y ciudadanos".
La manifestación saldrá a las 12.00 horas de la Alameda de Santiago y finalizará en la Praza da Quintana. Al tratarse de una única movilización en toda Galicia los convocantes contrataron una veintena de autobuses desde el resto de ciudades gallegas.
La huelga entrará el lunes en su cuarta semana con las propuestas económicas de Xunta y sindicatos inamovibles. El Gobierno gallego se mantiene en una subida del complemento autonómico transitorio entre 816 a 1.080 euros anuales, lo que supone entre 68 y 90 euros al mes. El comité de huelga, por su parte, demanda 225 euros más mensuales, unos 2.700 euros más al año. El vicepresidente gallego, Alfonso Rueda, defendió en la última reunión que la Xunta accederá "a lo que quieren los sindicatos" en las demandas sobre la consolidación de empleo con nuevas plazas y en la equiparación de salario al personal que sustituya a compañeros de rango superior. En cuanto a los descuentos de sueldo por las bajas por incapacidades transitorias, Rueda se comprometió a trasladar "las condiciones más ventajosas" que se acuerden en Madrid.
Colas para emigrar
Los funcionarios de Xustiza protagonizaron en la decimotercera jornada de huelga indefinida varios actos reivindicativos como antesala de la manifestación de hoy en Santiago. Mientras en Lugo y Vigo funcionarios disfrazados del teniente coronel Antonio Tejero representaron el "golpe de estado a la justicia" por la efeméride del 23-F, en A Coruña, unos 200 empleados participaron en una protesta con maletas de cartón en las que se podía leer "emigramos". De esta forma, respondieron a la "invitación" que, explicaron, les hizo en las negociaciones el director xeral de Función Pública, José María Barreiro, de que marchasen "a otro territorio" si no estaban "a gusto .
Los más de 2.700 funcionarios de Xustiza en Galicia recibieron ayer el apoyo de la organización Jueces por la Democracia, que reclama que estos empleados sean "dignamente retribuidos". La asociación muestra su "solidaridad" con los trabajadores en huelga desde el día 7 de febrero y los apoya en sus reivindicaciones, al considerar "la pérdida de poder adquisitivo y los recortes salariales sin precedentes en el ámbito de la función pública" que han sufrido. Por eso, hacen un llamamiento a "la responsabilidad y la sensatez" para garantizar los derechos de los ciudadanos y reclaman "una razonable y rápida solución al conflicto" para evitar el aplazamiento de más procesos.
Por su parte, la junta de jueces de Santiago también apeló ayer al diálogo para llegar a "una solución satisfactoria para ambas partes" que permita poner fin al paro.
