El incremento de los desahucio durante los últimos años debido a la crisis económica ha motivado a la Consellería de Infraestruturas a incluir en este nuevo decreto medidas de flexibilización en la forma de pago de las viviendas de promoción pública. Así, por ejemplo, en caso de que el adjudicatario tenga dificultades para pagar la hipoteca la Xunta incrementará en hasta tres años el plazo de amortización para que pueda rebajar la cuota mensual.

No es la única opción que tendrán los propietarios de viviendas de promoción cuando atraviesen complicaciones económicas y no sean capaces de afrontar los pagos mensuales. La Xunta les permitirá entregar la propiedad del piso, que volverá a manos del IGVS, y seguir residiendo en él bajo régimen de alquiler.

Pero para ello la Consellería de Infraestruturas deberá compensar a los propietarios por las cuotas amortizadas. El nuevo decreto advierte, en todo caso, que se podrá denegar el cambio a régimen de alquiler cuando el IGVS no tenga disponibilidad presupuestaria para abonar a los dueños de la vivienda pública las cuantías invertidas, salvo que estos renuncien a la devolución del dinero o acepten que el saldo a su favor se le descuente de los recibos de alquiler.

Los inquilinos que residan en régimen de arrendamiento en viviendas de promoción podrán obtener también descuentos de hasta el 50 por ciento en la renta que pagan cada mes cuando acrediten "circunstancias de precariedad económica". Y si la vivienda de promoción es embargada por el banco, se saldará la deuda mediante dación en pago y el piso deberá adjudicarse a otros demandantes de vivienda protegida.