El juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, Andrés Lago, que instruye el caso del accidente del tren Alvia en el que murieron 80 personas hace ahora casi cuatro años, rechaza archivar la causa, tal y como pedía Adif, y además ha requerido a la Agencia Ferroviaria Europea que determine si en la línea en la que se produjo el descarrilamiento era obligatorio haber realizado una evaluación integral de riesgo.

Este organismo dependiente de la Comisión Europea ya se había pronunciado, a petición de las víctimas, con un informe en el que criticaba la falta de independencia de la investigación oficial realizada por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios dependiente del Ministerio de Fomento. Y en respuesta a las preguntas de los afectados, esta agencia ya había dictaminado que el riesgo en la curva de Angrois fue "identificado" y Adif debería haberlo gestionado para reducirlo. Esta documentación ya obra en el sumario, pero ahora el juez envía un requerimiento oficial para aclarar qué se entiende por evaluación integral de riesgo "según la normativa europea y en términos de seguridad ferroviaria". En concreto, Lago Louro pide a la entidad que exponga si era necesario que ese análisis tuviese en cuenta la situación de peligro, sobre todo en la curva de A Grandeira en la que se produjo el siniestro y si se debería realizar antes de la puesta en marcha de la línea en 2011 y desde entonces en el momento de darse algún cambio importante. Por eso, pregunta si la construcción de una nueva línea de alta velocidad o la modificación de un sistema de frenado automático (ERTMS) por el método de apoyo Asfa digital en parte del recorrido merecerían esa consideración de "cambio significativo".

Además, estaba pendiente de resolverse el recurso presentado por la representación procesal de ADIF y del exdirector de seguridad de circulación del ente, Andrés Cortabitarte, investigado por 80 supuestos delitos de homicidio y 144 de imprudencia grave por imprudencia profesional por no cumplir la evaluación de la peligrosidad de la línea Ourense-Santiago donde se produjo el descarrilamiento el 24 de julio de 2013. La compañía y la defensa del exalto cargo de Adif pedían el sobreseimiento del caso, pero ayer el magistrado rechazó el archivo en un auto divulgado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Lago Louro considera que la petición es "inviable" porque no se ha practicado "ninguna diligencia que contradiga o desvirtúe" lo expuesto en el auto del pasado marzo en el que se cita a Cortabitarte como investigado en el caso Alvia.

En tercer lugar, el instructor fija para el 27 de julio la ratificación de los informes entregados por los peritos Juan Carlos Carballeira y César Mariñas.