03 de mayo de 2017
03.05.2017

CSIF denuncia que la Xunta "viola la ley" al pedir a sus empleados datos sobre su salud

Según denuncia el sindicato, a la hora de conceder permisos por enfermedad o de aplicar los descuentos por incapacidad temporal, el Gobierno gallego reclama información a los empleados públicos no contenida en los informes médicos para valorar la gravedad de la enfermedad.

03.05.2017 | 13:28
CSIF denuncia que la Xunta "viola la ley" al pedir a sus empleados datos sobre su salud

CSIF denuncia que la Xunta "viola el derecho a la intimidad de sus empleados" al exigirles información y datos sobre su estado de salud para los permisos de enfermedad "que exceden la Ley de Protección de Datos".

El sindicato explica que un informe del Gabinete Jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), con fecha del 17 de abril de este año, "acaba de dar la razón a la CSIF cuando advirtió de manera reiterada a Facenda, a través de la Dirección Xeral de Función Pública, que se está exigiendo información acerca del estado de salud de los empleados públicos que vulnera la Ley de Protección de Datos y, por lo tanto, el derecho fundamental a la intimidad de los trabajadores".

CSIF subraya que "viene alertando a Función Pública" de que los órganos de personal, tanto a la hora de conceder permisos por enfermedad como a la hora de aplicar los descuentos por incapacidad temporal, "reclaman información a los empleados públicos no contenida en los informes médicos para valorar si el grado de enfermedad se acoge o no al catálogo de 'Enfermedades graves' que maneja la Xunta", según expone la central sindical.

"Desde CSIF denunciamos que a los trabajadores de la Administración se les está reclamando que acreditasen la tipología de enfermedad a efectos de clasificarla como grave o muy grave, clasificación que solo le corresponde al médico, lo que atenta contra el derecho fundamental a la intimidad", según recalca.

Sin embargo, CSIF lamenta que "Función Pública haya desoído de manera continuada estas advertencias", a pesar de que, según puntualizada el sindicato, "puede ser objeto de sanción por infracción muy grave tipificada en el artículo 44 de la LOPD, con multas que oscilan entre los 300.001 y 600.000 euros".

Además de las "alertas y denuncias de numerosos empleados públicos" que llegaron hasta el sindicato, según asegura, CSIF también pudo comprobar a través de sus gestiones directas como efectivamente determinados órganos de personal de la Xunta instaban a dar datos concretos sobre las enfermedades.

A este respecto, el informe emitido por la AEPD a instancia de CSIF es, según mantiene el sindicato, "taxativo a la hora de confirmar estas alertas" al sostener que la Administración "no está autorizada a valorar la gravedad de la enfermedad ni a conocer otros datos sobre la salud distintos a la mera existencia de la situación de enfermedad".

"No se considera adecuado que el propio empleado sea instado a describir la enfermedad para que el órgano de personal valore la situación", según aclara CSIF.

La AEPD sostiene, además, según alega el sindicato, que el justificante que se solicite deberá acreditar el grado de enfermedad, "pero en ningún caso aportará información sobre el concreto problema de salud que se haya atendido".

En respuesta a quién debe determinar la gravedad de una enfermedad, la AEDP matiza que "dicha valoración únicamente podrá corresponder al médico que atiende al paciente, por lo que la procedencia de la concesión del permiso al que se viene haciendo referencia habrá de atenerse al carácter grave de la enfermedad diagnosticada".

"En consecuencia -continúa el informe jurídico- por parte de los servicios de personal dependientes de la Administración sobre la que se realiza la consulta, no será adecuado ni pertinente y se considerará excesivo que conozcan cualquier información referente al concreto estado de salud (...)", según expone CSIF.

En este sentido, según añade, "resultaría desproporcionada respecto de la finalidad legítima de comprobar la realidad del hecho que justifica la concesión de un permiso que los departamentos de personal realizaran valoraciones sobre la gravedad de la situación de la salud de las citadas personas, dado que no deben disponer de ningún dato referente a su estado de salud, enfermedad o similar".

CSIF valora este informe de la AEPD e insta a la Xunta "a dar marcha atrás en sus actuaciones" y que tanto la concesión de permisos como la concesión del complemento retributivo por incapacidad temporal derivada de enfermedad común "solo tenga en cuenta la valoración y cualificación del médico, sin exigir acreditación del tipo de enfermedad concreta".

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