El Plan de Transporte Público que está elaborando la Xunta para diseñar el nuevo mapa de movilidad por carretera incluye también a los concellos con una doble vertiente: presentar propuestas de nuevos recorridos y aportar financiación. Porque el Gobierno gallego, de la misma forma que ha pedido a los ayuntamientos que trasladen a la Administración autonómica sus necesidades y prioridades de transporte de viajeros por carretera, también les ha solicitado que aporten fondos propios para cofinanciar la implantación de nuevas líneas que ahora no existen, ya sean municipales o supramunicipales.
"Con esto se pretende cubrir nuevas necesidades que no están contempladas en el mapa de concesiones actuales", apuntan desde la Consellería de Infraestruturas. La implantación de nuevas líneas llevaría consigo la aportación de fondos por parte de los respectivos concellos para compensar el déficit de explotación en caso de que el proyecto no resultara rentable para la empresa de transporte y así poder garantizar el servicio.
El caso es que la Xunta ya tiene al menos tres propuestas encima de la mesa para su estudio, sobre las que todavía no se ha tomado ninguna decisión. "No es una cuestión urgente, pero son demandas que se deben analizar con vistas al año 2018 o 2019", aseguran fuentes de la Consellería de Infraestruturas.
En la provincia de Pontevedra, los concellos de Baiona, Gondomar y Nigrán propusieron una línea directa de autobús con la Ciudad Universitaria de Vigo (CUVI). En Ourense, los ayuntamientos de Cenlle y Punxín plantean la extensión del transporte urbano de Ourense para conectar ambos municipios con la zona recreativa y termal de Laias. Y en A Coruña, el concello de Ferrol, que carece de transporte urbano, plantea una línea de autobús que enlace la ciudad con los centros de producción de Navantia en la ría ferrolana.
Sin embargo, la prioridad que tiene la Xunta en materia de transporte es preparar el concurso para que en agosto se puedan adjudicar las 129 concesiones del servicio regular de transporte interurbano que llevan un año prorrogadas de forma provisional a causa de una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE. La rentabililidad es tan escasa o incluso deficitaria que nada menos que 69 concesionarias ya trasladaron a la Xunta que renunciarán al servicio en cuanto expire la prórroga, en el mes de agosto próximo.
El Gobierno gallego podría, por interés público, forzar a las empresas a mantener las líneas de transporte un año más, pero su intención es sacar el concurso para realizar una nueva adjudicación antes de que acabe el plazo.
Para que resulten atractivos los recorridos, las concesiones irán en lotes, de forma que con los trayectos más rentables se incluyan inseparablemente servicios con poca demanda en el rural de la comunidad, para así garantizar que ninguna quede vacante y "permitir responder de las necesidades de transporte de los ciudadanos", sostiene la Xunta.
Además, como novedad que se incorporará, en las líneas con menos usuarios se permitirá a las empresas utilizar microbuses o incluso subcontratar taxis.
