22 de febrero de 2017
22.02.2017

Expertos en financiación reclaman que País Vasco y Navarra aporten fondos a la solidaridad autonómica

La mayor red de investigadores de España propone además, en un informe de reflexión, aumentar la capacidad fiscal de las comunidades

22.02.2017 | 02:22
Santiago Lago y Roberto Fernández Llera. // Xoán Álvarez

Un grupo de expertos en financiación autonómica -integrados en la mayor red de investigación con epicentro en Galicia y en el que participan cuatro de los miembros del comité de especialistas designados por el Gobierno y las comunidades autónomas para iniciar la reforma del modelo actual- propone que Navarra y País Vasco, dos regiones que se rigen por un sistema foral -distinto del común-, se incorporen al mecanismo de solidaridad interterritorial y realicen también aportaciones económicas que contribuyan a garantizar el acceso a los servicios públicos en igualdad de condiciones en el conjunto del Estado.

La propuesta es un cambio sustancial con respecto al actual modelo, pues tanto Navarra como el País Vasco permanecen al margen del mecanismo financiero de nivelación interterritorial. En todo caso, los investigadores sostienen que no pretenden eliminar la esencia del cupo vasco ni del concierto navarro, sino únicamente, "respetando la asimetría financiera de raíz constitucional", buscar fórmulas para que estas dos comunidades autónomas participen en el nuevo sistema de financiación aportando fondos al mecanismo de solidaridad, como hacen el resto.

Añaden que el modelo no puede soportar más tiempo la singularidad del País Vasco y Navarra por lo que supone de menos fondos y que la solución tampoco es extender este "agravio comparativo" a otras comunidades autónomas.

Esta propuesta está incluida en el informe "La nivelación interterritorial y la estimación de las necesidades de gasto" realizado por la Red de Investigadores en Financiación Autonómica (Rifde), cuyos ponentes fueron el gallego Santiago Lago Peñas -designado representantes de Galicia en el comité de expertos que discutirá las bases técnicas del nuevo modelo de financiación- y Roberto Fernández Llera. Tras realizar una encuesta a medio centenar de académicos, la Rifde difunde su trabajo para que sirva como elemento de reflexión en las negociaciones que comenzarán en breve y que tendrán por objeto aprobar un nuevo modelo antes de que acabe el año.

Y aunque hay diferencias de criterios entre los expertos, también existen consensos sobre la senda que deben seguir las discusiones políticas para reformar el actual sistema. Así, casi hay unanimidad en que se deben corregir las diferencias que suponen los regímenes forales y la singularidad de Canarias, pero también en que existe un "desequilibrio vertical entre ingresos y gastos en contra de las comunidades", es decir, que el Estado les ha traspasado competencias que llevan gasto asociado pero no tanto la autonomía tributaria. Por esto, los expertos reclaman que en la próxima reforma del sistema se "proporcione mayor capacidad fiscal" a las comunidades y tengan libertad para subir o bajar impuestos, crear nuevas figuras o suprimir otras ya existentes.

También existe un amplio acuerdo en que se debe eliminar la cláusula statu quo, un principio que impide que con cada nueva reforma una comunidad reciba menos ingresos que con el anterior modelo. Las diferencias están entre quienes abogan por su conclusión abrupta y los que apuestan por recurrir a un periodo transitorio previo.

Los académicos plantean además que se defina hasta dónde debe llegar la solidaridad interterritorial. Si se debe continuar como ahora, reducida a los servicios fundamentales de sanidad, educación y prestaciones sociales o incluir también la vivienda o la seguridad.

Y también advierten de los riesgos que conlleva el actual escenario político para poder acordar un nuevo modelo de financiación. Por una parte está la fragmentación y la inestabilidad política, con los partidos tradicionales debilitados, y por otra, la deriva soberanista emprendida por la Generalitat catalana.

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