Las redes sociales constituyen una ventana comercial que cada vez más población utiliza para vender propiedades. Y el fisco considera que se trata de una vía en la que poder detectar operaciones que intentan burlar las obligaciones tributarias. Dos sectores serán prioritarios en las inspecciones especiales previstas este año en Galicia: los coches usados y los pisos en venta.
Estos dos campos están marcados en rojo en el plan especial de lucha contra el fraude que la Axencia Tributaria de Galicia (Atriga) aplicará esta ejercicio y que complementará las inspecciones habituales de sus funcionarios. El documento que especifica sus características será publicado en los próximos días en el Diario Oficial de Galicia (DOG), pero un aspecto ha sido adelantado ya por el Ejecutivo autonómico: las redes sociales serán un escenario prioritario de actuación.
"A través de internet y las redes sociales se pueden obtener datos sobre operaciones entre particulares que no se documentan en escritura pública", reconocen fuentes del departamento dirigido por Valeriano Martínez, que el año pasado aumentó 139 millones de euros la recaudación por la comprobación de errores fiscales y la lucha contra la picaresca fraudulenta.
La venta de un coche de segunda mano está sujeta a la tributación por el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, pero a través de las ofertas en páginas de internet o foros se pueden buscar arreglos para evitar pagos al fisco. Ahí quiere actuar Facenda, que no concreta si utilizará programas informáticos específicos o buscará al azar en las webs y redes con mayor tráfico de usuarios para cazar prácticas fraudulentas. Se limita a apuntar que "a través de internet se puede obtener más información sobre este tipo de operaciones".
Además de la venta de coches usados, los inspectores de la Atriga también prestarán especial atención a las ofertas de pisos en un trabajo de campo que luego podrá cotejarse con el precio de venta escriturado para detectar posibles bolsas de pagos en negro.
La venta de un inmueble de segunda mano está sometida también al impuesto de transmisiones patrimoniales -la nueva, al IVA-, de competencia autonómica. A diferencia de los vehículos, debe elevarse escritura pública, por lo que la administración gallega ya accede a esos datos.
Pero siempre pueden acordarse pagos en negro al margen de la cifra escriturada para abonar menos dinero al fisco. Y ahí es donde quiere buscar información la Atriga, que confía en hallar pistas de diferencias entre ofertas de venta y cifras oficiales de las operaciones. "A través de internet y las redes sociales se puede acceder a información sobre valores en las ofertas de pisos, que también son utilizadas por la administración", reconocen fuentes de Facenda.
El plan especial de este año, una estrategia complementaria que aplica periódicamente la Xunta, también prevé bucear en los datos que constan en el Ministerio de Hacienda sobre el patrimonio oculto en paraísos fiscales, según anunció hace el pasado día 9 el presidente el Ejecutivo, Alberto Núñez Feijóo.
A falta de conocer la memoria de la Atriga, 2016 supone un descenso en la recaudación extra generada por las inspecciones ordinarias. De los 139 millones logrados, 102,6 se corresponden a revisiones al alza de las autoliquidaciones del contribuyente y 36,3 por el análisis de grandes patrimonios. En total, son 11 menos que en el ejercicio 2015.
