El debate sobre la transferencia de la AP-9 copó ayer el protagonismo en la primera sesión de control a la Xunta de la legislatura, en la que quedó patente la complejidad de colmar una demanda unánime. Aun así, el presidente del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo, reiteró el compromiso de exigir esa competencia. "No va a ser fácil esa transferencia. No voy a engañar. Es extremadamente difícil levantar el peaje. ¿De dónde sacamos el dinero? ¿De las pensiones?", advirtió.

A principios de año, todos los grupos se unieron a una proposición de ley del BNG exigiendo el traspaso, aunque no era la primera vez que se planteaba ese objetivo. Su tramitación, sin embargo, fue paralizada por el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy alegando que supondría un "aumento de los créditos presupuestarios". Además, Fomento ya se opuso al traspaso en 2014 alegando que la AP-9 forma parte de la red viaria estatal y de un "itinerario de interés general".

Feijóo y la nacionalista Ana Pontón se enzarzaron en reproches sobre el pasado en un duelo del que no salieron concreciones de futuro. La líder del BNG recordó que la concesión fue ampliada a 2048 -el máximo legal- por el Gobierno de Aznar y desde entonces el peaje ha subido un 50%. "Es una estafa legalizada", espetó antes de exigir a Feijóo que pida a Moncloa fondos con que rescatar la autopista antes que las radiales de Madrid, que costarán hasta "6.000 millones". La transferencia competencial y el rescate podrían ser hechos diferenciados, pues el segundo podría acometerlo también el Gobierno central.

Feijóo, que le reprochó al BNG su menor nivel de exigencia al socialista Zapatero y durante el bipartito, entendió su presión como una vía de división. "No vamos a conseguir la transferencia así, habrá que negociar lo que durante 22 años el PSOE se negó a transferir cuando gobernaba en España y el PP durante 11", alegó.

También vinculado a las políticas estatales estuvo el careo con el portavoz socialista Xoaquín Fernández Leiceaga, que invitó a Feijóo a solicitar a Rajoy la derogación de la Lomce, restablecer la selectividad y blindar el distrito único universitario ante la inconcreción de cómo se accederá a la educación superior una vez se han suspendido las reválidas. "Rectificar sin suspender la norma complica innecesariamente las cosas para no reconocer un fracaso social y político", argumentó.

Feijóo no concretó qué postura llevará a la próxima Conferencia Sectorial de Educación, pero sí urgió al Gobierno a "concretar" las pruebas de acceso a la universidad. Aprovechó, eso sí, para afear al PSOE no haber pactado ninguna de sus leyes educativas, únicas que se aplicaron en democracia. El PP aprobó dos en solitario, pero fueron derogadas tras perder el poder.

La sesión supuso el debut en estos cara a cara de Luís Villares como líder de la oposición al frente de En Marea. Este reclamó a la Xunta el compromiso de no permitir a Ferroatlántica separar sus negocios hidroeléctrico e industrial en la Costa da Morte, intención que, aseguró, ya transmitió a la plantilla. De hecho, planteó una pregunta de los propios trabajadores a Feijóo. Este negó haber recibido esa solicitud, si bien adelantó que sería denegada.