Como ya han hecho otras veces en los últimos meses, los emigrantes retornados y los antiguos marineros que trabajaron en la marina mercante de Noruega han salido a las calles en Santiago de Compostela para reclamar sus pensiones. Los primeros, por las multas que les está poniendo el Ministerio de Hacienda, que no permite su exención por debajo de los 22.000 euros como el caso de los jubilados en España. Los segundos, por la situación en la que se encuentran ante la negativa de las autoridades noruegas a reconocer el derecho a una prestación, pese al abono de los impuestos allí durante su vida laboral.
El portavoz de la asociación Long Hope, que reúne a los gallegos que fueron marineros en Noruega, Alberto Paz Viñas, explicó esta mañana en declaraciones a EFE se les ha vuelto a denegar "el acceso a la Justicia", por lo que denuncia que "se pisotea a los mayores" y afirma que "el Gobierno español lo permite".
La asociación Long Hope agrupa a 12.000 marineros españoles, de los que 8.000 son gallegos, que trabajaron entre 1948 y 1994 en la marina mercante noruega, donde tenían prohibido por ley cotizar a la seguridad social. Allí pagaban sus impuestos y cuando se empezaron a jubilar descubrieron que el país nórdico se negaba a hacer frente al pago de sus pensiones, por lo que ahora se movilizan todos los meses. "Nos vuelven a denegar el acceso a la justicia, ahora alegan que debemos emprender una acción administrativa primero y después ir al juzgado de lo social, pero es algo que no tiene que ver con nosotros, que no formamos parte de la Seguridad Social. Además, dicen que la fianza no les llega, que hay que depositarla. Es otra manera de obstruir nuestras acciones", detalló. "Maldito el país y el gobierno que permite que pisoteen a sus mayores -añadió-, España se lo permite, es bastante triste y asqueroso porque son conscientes de lo que pasa".
La plataforma pidió hace quince días una entrevista al conselleiro de Facenda de la Xunta, "y ni caso, cuando el corazón del problema está en Galicia. Es una vergüenza". Hoy presentarán un recurso a la decisión y esperan que el juez "lo admita a trámite", aunque piden respaldo del Gobierno español para que no se permita que "un país extranjero pisotee a los mayores", lo que tilda de "impresentable" que el sector lácteo se convertirá "en el más competitivo de España".
