La sanidad, el urbanismo, la educación o los ruidos son los temas que, según la Valedora do Pobo, Milagros Otero, suscitan las protestas de los gallegos, que son muchas, como ella misma admite. No obstante, el disponer de esa figura en Galicia, no generalizada en todas las comunidades, evita tener que llegar, en general, hasta la Defensora del Pueblo. Por ello no resulta extraño que los gallegos estén en séptimo lugar en número de quejas dirigidas a esta institución: 731 el año pasado. Además, la cifra supone un 30% menos que las registradas en 2014, aunque el total del Estado también se redujo un 23%, hasta las 17.822. Pontevedra es la segunda provincia gallega con más reclamaciones: un total de 268.
La administración de justicia es la que más reclamaciones suscita en el país y la sanidad aparece, tras las seguridad pública y la actividad económica, en el cuarto lugar. Aunque las reclamaciones recopiladas en el ámbito sanitario fueron 1.465, duplican a las del año anterior. La "preocupación mayor", para la institución, "son retrasos en la fijación de citas para intervenciones importantes, sobre todo quirúrgicas". En esa línea, el informe de la alta comisionada sostiene que "la demora en obtener la asistencia sigue siendo la principal causa de insatisfacción de los ciudadanos con la sanidad pública".
En ese capítulo no hay recomendaciones a Galicia por informar de medidas adoptadas para reducir las listas de espera, pero sí aparecen en un listado de casos que "deben destacarse" dos de demoras quirúrgicas en la comunidad: "cinco años para un bypass gástrico" en Povisa y "un año y medio" para Traumatología en el CHUS, en Santiago. En otra enumeración que ejemplifica las "amplias demoras" en consultas externas o pruebas diagnósticas, Galicia vuelve a salir a relucir. En este caso se mencionan "nueve meses" en Traumatología del Hospital de Ferrol y "seis para recibir los resultados" en el Complexo Hospitalario de Ourense. Aunque no especifica si fue así con estos dos enfermos en concreto, el informe apunta que en alguna de las situaciones la demora pudo "minorarse" tras modificar las citas.
Junto a la gran mayoría de las comunidades, la Defensora requirió de oficio a Galicia información sobre otros tres temas vinculados al ámbito sanitario: el "retraso" en la implantación del "Código Ictus" (para agilizar la intervención ante un accidente cerebrovascular), la atención a los celíacos o las previsiones para el tratamiento y la rehabilitación del daño cerebral adquirido en la población infantil.
El informe recuerda que en 2015 se hizo asimismo efectivo el derecho de acceso a las prestaciones de los reconocidos como dependientes moderados y la Defensora preguntó a varias comunidades, entre ellas Galicia, por su aplicación. De las respuestas remitidas por las administraciones "se desprende que a 1 de julio de 2015 no se ha hecho efectiva la incorporación generalizada al sistema de los dependientes moderados", recoge el informe.
De oficio la Defensora del Pueblo insistió el año pasado otra vez en una recomendación que ya había hecho en 2014 a todas las comunidades: establecer un programa de "garantía alimentaria" para niños y adolescentes que contemple actuaciones en períodos no lectivos, y no solo en verano. Con todo, el ámbito que más recomendaciones recibió en Galicia fue el de Justicia, sobre todo medidas destinadas a proteger a los menores en los juzgados, sean víctimas o testigos, entre ellas la creación de "nuevas oficinas de asistencia" o "refuerzo de las existentes". También de oficio solicitó a la Consellería de Medio Ambiente información sobre la "accesibilidad en las viviendas protegidas y las ayudas económicas a la rehabilitación de los edificios".
En "sugerencias", Becerril envió dos notificaciones al Instituto Galego da Vivenda e Solo por deficiencias en una vivienda protegida y otra a Benestar para que reconociese una cantidad económica vinculada al servicio de ayuda en el hogar a un dependiente. Todas fueron aceptadas.
Por otro lado, la demora apreciada en la programación de citas para baremar la discapacidad en la provincia de Pontevedra motivó la formulación de un recordatorio de deberes legales a Benestar. La Xunta respondió con "refuerzo" del personal y "mejorando" el sistema de citas.
