Aunque es una obligación fijada por ley el calcular el coste efectivo de los servicios municipales y remitir los datos al Gobierno central, no todas las administraciones locales lo han hecho, al menos en plazo, que finalizó el pasado día 1 de noviembre. En la comunidad gallega no han enviado las cifras 45 ayuntamientos -el 14% del total-, pero en el conjunto de España se ha llegado al 30%. Es decir, más de 2.500 municipios incumplieron este trámite.

La finalidad de dar a conocer ese coste es poner en conocimiento de la sociedad la gestión realizada por aquellas entidades prestadoras de servicios, enlazando los principios de transparencia con el de eficiencia y utilizando para ello criterios homogéneos de cálculo y presentación de la información. Así, los ciudadanos se hacen una idea de lo que cuesta los servicios que reciben y también las propias administraciones pueden sacar conclusiones, por comparación, del precio de esos mismos servicios en otros territorios.

Los ayuntamientos que en mayor número no enviaron los datos al Ministerio de Hacienda fueron los de Castilla-La Mancha, comunidad en la que prácticamente la mitad de los municipios no lo hizo. De los 919 concejos que hay en esta región, solo remitieron información 482.

También resultó muy bajo el cumplimiento de esta obligación en Castilla y León, dado que cuatro de cada diez ayuntamientos eludieron facilitar las cifras al Gobierno central. Y en la Comunidad de Madrid, el incumplimiento afectó al 30% de los ayuntamientos.

Sin embargo, en Asturias respondieron el 98% de los municipios, el porcentaje más alto de España, seguida de Valencia con un 94% y Canarias con un 92%.