La demanda de vivienda protegida en la comunidad gallega, tanto en régimen de alquiler como para comprarla, ha alcanzado este mes de enero su nivel más bajo. Detrás de esta tendencia se encuentra la prolongada crisis, así como el elevado desempleo que lastra las posibilidades de independizarse y formar un nuevo hogar y también la escasez de nuevas promociones, junto con que las administraciones apenas sacan al mercado pisos de promoción pública. Estas circunstancias han llevado a que actualmente solo haya 12.747 personas apuntadas al registro único de Galicia de demandantes para acceder a una vivienda protegida, un 16,3% menos que hace un año y un 40% por debajo de los niveles del año 2014, cuando se superaban los 20.000.

Una consecuencia directa de la caída del número de solicitantes de pisos de promoción es que también se ha rebajado al mínimo la reserva de suelo que tienen que hacer los ayuntamientos en cada nuevo desarrollo para atender esta demanda. Según los cálculos realizados por la Xunta -publicados ayer-, la reserva media para el conjunto de la comunidad este año se ha quedado en el 4,66%, una décima menos que la cifra del pasado ejercicio y la más baja también desde que ese sistema entró en vigor.

El pasado año por estas fechas había inscritos en el registro 15.226 demandantes de vivienda protegida, de los cuales 2.574 optaban por la compra mientras que el resto pretendían acceder en régimen de alquiler. Doce meses después, la demanda ha descendido en más de un 16% para quedarse en poco más de 12.700, acentuándose además la tendencia de renunciar a la adquisición como preferencia. Ahora solo optan a la compra 1.985, lo que supone un 22,8% menos que hace un año.

Y la razón de este descenso es que los solicitantes se borran ante las dificultades de conseguir un piso, dado que apenas se han adjudicado viviendas de protección.

La demanda real es el indicador que determina la reserva mínima de suelo municipal que se debe destinar a viviendas protegidas y de cuyo cálculo se encarga la Xunta, que a principios de cada año establece el porcentaje concreto para cada concello. Para 2016 se ha fijado en el 4,66% y a este límite podrán acogerse los concellos de más de 5.000 habitantes que en sus respectivos planes urbanísticos tengan prevista la reserva de suelo en función de la demanda real.