El proceso para convertir en funcionarios a alrededor de 6.000 empleados laborales fijos de la Xunta ya está en marcha. La Consellería de Facenda ha mantenido varias reuniones con los sindicatos desde que el pasado mes de mayo se aprobó definitivamente la Lei de Emprego Público, que abre una posibilidad que Alberto Núñez Feijóo convirtió en promesa en su segundo asalto a la Xunta en 2012, en el que aumentó su mayoría absoluta.
El citado texto legal abre la vía para un procedimiento que se pospuso el año pasado precisamente por el retraso en su aprobación. Una vez ha entrado en vigor, la Xunta ha lanzado ya el proceso para aplicar este cambio a la mayor parte de los 7.576 trabajadores laborales fijos que tiene en su plantilla, que en total asciende a 86.108, según los datos de enero del Instituto Galego de Estatística.
El cambio de estatus para este colectivo no supone una variación salarial sustancial, según las fuentes consultadas, pero sí un cambio de condiciones. El funcionario, frente al laboral fijo, queda a salvo de posibles expedientes de regulación de empleo de la administración en época de vacas flacas -una posibilidad legal que permite un real decreto del Gobierno de Mariano Rajoy de 2012, aprobado en plena crisis económica- o si un servicio se detecta ya innecesario, y además permite el ascenso de categoría, es decir, se puede ir ascendiendo mediante promoción interna. En 2012, Feijóo sostuvo que este proceso elevaba la "estabilidad" a este grupo de empleados.
Presunción de veracidad
Ambos tipos de trabajadores acceden a la Xunta mediante una oposición, pero por caminos distintos. Solo el funcionario recibe la presunción de veracidad y la posibilidad de actuar como federatario público.
Facenda y sindicatos deben ahora determinar qué puestos concretos, de los 6.000 aproximadamente que Feijóo calculó, se beneficiarían de este cambio legal. De acuerdo con la ley, el cambio se centrará en el personal que "estuviera realizando funciones o desempeñara puestos de trabajo de personal funcionario, o pasara a realizar dichas funciones, o a desempeñar dichos puesto en virtud de pruebas de selección o promoción interna".
El departamento de Valeriano Martínez explica que "se trata de un proceso complejo que ni tiene precedentes en la historia de la administración autonómica" y no concreta si los primeros beneficiarios de este cambio gozarán de su nueva categoría profesional antes de que concluya la legislatura. Como máximo, Galicia debería someterse a unas eleccionesautonómicas el 20 de diciembre del año que viene.
Único concurso-oposición
Una vez se determine la relación de puestos susceptibles de funcionarización, la Xunta aprobará un decreto para cambiar su categoría y se abrirá un único proceso de promoción interna para el personal laboral fijo, que deberá superar un concurso oposición para acceder al puesto, pues el cambio no beneficiará a todos. El único requisito será "poseer la titulación necesaria", además, lógicamente, de estar contratado como personal laboral fijo. No podrán sumarse a esta competencia los 3.522 trabajadores laborales temporales de la administración.
