La sesión maratoniana que concluyó pasadas las dos de la tarde y que se inició el lunes a las 16.00 horas permitió también la aprobación de la norma que regula la Lei de Iniciativa Lexislativa Popular e Participación Cidadá. Esta rebaja de 15.000 a 10.000 las firmas necesarias para que una asociación o particular pueda presentar ante la Cámara una propuesta legal, pero también introduce un cambio al establecer en 2.500 las necesarias para tratar de impulsar el trabajo del Gobierno.

En ese umbral quedan fijadas los apoyos necesarios para registrar proposiciones no de ley -que funcionan como una petición de acción al Ejecutivo- que cualquier grupo podrá asumir como propias.

La popular Paula Prado defendió estos cambios legales como una fórmula para incrementar la cercanía de las instituciones a los ciudadanos, si bien la respuesta de la oposición fue el voto en contra. Estos recriminaron que las asociaciones que propongan ese texto no tendrán la palabra y que deberá ser asumido por un grupo. El socialista Méndez Romeu calificó el texto legal de "postureo". "Como mucho, el ciudadano podrá llegar al registro [del Parlamento]", añadió, recordando que la Mesa podrá rechazarlas, así como la interpelación de la ciudadanía directamente a un conselleiro.

| Consello de Contas. También se aprobó ayer la ley que introduce varios cambios en el organismo fiscalizador, en una votación en que el PSdeG se abstuvo y AGE, BNG y grupo mixto reiteraron su rechazo mostrado el lunes durante el debate. Contas asume ahora las tareas de lucha contra la corrupción, aunque la ley no establece un refuerzo específico de medios para esa tarea, algo que recordó el ya ex conselleiro maior, Xesús Palmou, en su última comparecencia parlamentaria. El texto también impide que una persona que haya ejercido de diputado, conselleiro o dirigente de los partidos pueda acceder e Contas hasta seis años después de haber dejado sus funciones.

| Carreteras. El PP logró solo con sus votos modificar la Lei de Estradas que ya había cambiado a finales del año pasado. El texto facilita la instalación de gasolineras o negocios próximos a las carreteras, como pedían, alegó el PP en la tramitación, los alcaldes y se incluyen como infracciones los vertidos en los arcenes, identificando a los responsables subsidiarios de las personas jurídicas para que hagan frente a las sanciones