La UE está apretando las tuercas al Gobierno español por incumplir las directivas en materia de saneamiento y depuración de aguas. España tiene tres procedimientos sancionadores abiertos que podrían acarrear multas por valor de 100 millones de euros y por esa razón le urge impulsar las infraestructuras necesarias para adaptarse a las exigencias comunitarias. El Ejecutivo central ha conseguido 700 millones de euros de fondos FEDER para mejorar redes de saneamiento y construir 400 depuradoras en los próximos años en colaboración con las comunidades autónomas, pero la cofinanciación europea no será suficiente para sufragar todas las obras y garantizar su posterior mantenimiento. Se estima que en el futuro serían necesarios unos 9.000 millones de euros para cumplir las directrices de Bruselas.
El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente advierte que habrá que repercutir los costes en el usuario a través de las tasas de depuración y saneamiento que cobran ayuntamientos y gobiernos autonómicos. Según sus cálculos, en Galicia habría que duplicar el llamado coeficiente de vertido, lo que tendría un impacto sobre el recibo del agua de hasta el 20 por ciento, según el sector.
Éstas son las estimaciones que aparecen reflejadas en el último informe que el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente ha remitido a Bruselas para dar cuenta del avance de las actuaciones previstas para solventar los procedimientos de infracción abiertos. Y así lo expuso también la jefa del área de Tratamiento de Aguas del ministerio, Gema Torres, en su ponencia durante el último Congreso de Nacional del Medio Ambiente que se celebró en Madrid el pasado mes de noviembre.
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Según sus datos, las comunidades autónomas deben incrementar de media un 50 por ciento las tasas de saneamiento de aguas a los ciudadanos. Pero en el caso de Galicia este aumento deberá ser del doble, puesto que es la comunidad autónoma que menos repercute el coste de la depuración en el recibo del agua conjuntamente con Andalucía y Castilla y León, que ni siquiera lo cobra. En Canarias, el problema, según el ministerio, es que "no tiene bien definido su canon de saneamiento".
Tasas
Los gallegos en su recibo, además del consumo en sentido estricto, pagan por varios conceptos. Por un lado, está el llamado canon del agua, un impuesto medioambiental implantado por la Xunta que ya se utiliza para costear nuevas infraestructuras hidráulicas. Y a éste se suma el coeficiente de vertido que cobra la administración que se encarga de explotar la depuradora -bien sea la propia Xunta o los concellos-y que está más ligado al mantenimiento y gestión de las EDARs.
Según el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, en Galicia la tasa de depuración o coeficiente de vertido es "baja", de solo 28 céntimos de euro por metro cúbico. Solo en Andalucía la tarifa es inferior (20 céntimos), mientras que en Castilla y León ni siquiera se cobra. Según los cálculos del Gobierno, para cubrir los costes necesarios de acometer las nuevas obras, Xunta y ayuntamientos gallegos deberían incrementar su coeficiente de vertido hasta los sesenta céntimos de euro por metro cúbico.
También Andalucía tendría que duplicar su canon de saneamiento y los castellano-leoneses deberían empezar a pagar 50 céntimos por metro cúbico de agua que consumen para contribuir a la ejecución y mantenimiento de nuevas obras hidráulicas. Otras comunidades, sin embargo, ya tienen camino andado puesto que ya aplican tasas de depuración más acordes con los costes reales del saneamiento. En Aragón y Navarra, por ejemplo, el incremento será mínimo o nulo.
La Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento explica que el canon de saneamiento representa alrededor del 40 por ciento del recibo doméstico y, en base a esto, calculan que el encarecimiento medio para el usuario al aplicar las nuevas tasas que propone el ministerio sería de un 20 por ciento. En Galicia la Xunta discrepa y cree que el incremento en el recibo no llegará a este 20 por ciento.
Recuperación total
La Consellería de Medio Ambiente reconoce que la tasa que se aplica es "muy baja" y que "lo ideal es la recuperación total de los costes de explotación". Y, aunque desconoce el contenido exacto del informe del Ministerio de Medio Ambiente remitido a Bruselas, entiende que si efectivamente se acometen nuevas infraestructuras con cargo al nuevo FEDER "se podrían elevar las tasas". En todo caso, desde el departamento que dirige Ethel Vázquez aclaran que la Xunta este año no subió el canon en los ayuntamientos donde ha asumido la gestión de la depuradora y, en el resto, el incremento de las tarifas es una competencia municipal.
Desde el Ministerio de Medio Ambiente defienden la necesidad de que los costes de los servicios del agua "queden reflejados de manera armonizada y transparante e integren los costes ambientales que no hubieran sido previamente internalizados". Por esta razón, según explican, están analizando las tasas de depuración "que actualmente se aplican en España para ver si son suficientemente adecuadas o, por el contrario, precisan ajustes".
Ahora están sobre la mesa 700 millones de euros de fondos Feder para mejorar el saneamiento y dar respuesta a los apremios de la UE. Galicia recibirá 107 millones de euros de ayudas europeas para acometer siete actuaciones prioritarias. Medio Ambiente, sin embargo, condicionará este dinero, a que efectivamente se pongan en marcha las depuradoras y se garantice su buen funcionamiento y para ello habrá que repercutir los gastos sobre el usuario.
Fernando Morcillo | Presidente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento
"No es posible acometer las infraestructuras si no se trasladan los costes a los ciudadanos"
El presidente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento, Fernando Morcillo, ve "adecuado" incrementar las tasas de depuración y sostiene que si se trasladarán al ciudadano también los costes de abastecimiento, el recibo del agua tendría que ser el doble de lo que se paga actualmente.
- ¿Por qué hay que subir el recibo del agua?
- No se están repercutiendo los costes reales de la explotación de las depuradoras en el ciudadano. Y además el Gobierno necesita ahora acometer una serie de actuaciones prioritarias puesto que tiene varios procedimientos sancionadores abiertos por la UE. El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente ha trabajado duramente para conseguir 700 millones de euros de fondos FEDER, pero las necesidades de inversión son mayores, de más de 9.000 millones. Es decir, solo hay dinero para menos del 10%. Por eso el ministerio hace la recomendación de subir el canon de saneamiento.
- ¿Puede el Gobierno obligar a concellos y comunidades a incrementar estas tasas?
- No tiene competencias. Por ley es responsabilidad de los municipios. Aunque las comunidades sí podrían hacerse cargo y asumir la competencia para elevar el canon de saneamiento, aunque siempre en consenso con los ayuntamientos.
- ¿Se podrían acometer estas infraestructuras de depuración sin subir las tasas?
-No se pueden hacer las obras sin subir el canon de saneamiento. Estas actuaciones las pagamos los ciudadanos. Puede ser a través del recibo del agua o a través de los presupuestos generales, a los que contribuimos con nuestros impuestos. Pero en la situación actual el Gobierno no tiene dinero necesario para hacerlo.
- ¿Y si los ayuntamientos se niegan a subir el recibo del agua?
-Sería una irresponsabilidad grave.
