El Consello de Contas concluye que hay grandes diferencias de costes por hora y alumnos en módulos formativos similares, "sin que sean cuestionadas por la Administración". El ente fiscalizador añade que, en cinco de los siete expedientes examinados, "existieron incumplimientos en las contrataciones o el mantenimiento del periodo contractual exigido para el cobro de la subvención".

Sin embargo, advierten, ninguna de estas "incidencias" tuvo una corrección por parte de la Consellería de Traballo: ni tuvieron reflejo en la liquidación del expediente con una "minoración de ayudas" y ni se tiene constancia de que "se hubiese iniciado ningún expediente de reintegro parcial de las mismas".

Tanto el informe del Consello de Contas como el sumario hacen hincapié en la falta de control de la Administración, en este caso la Xunta, a la hora de conceder las subvenciones. La memoria del ente fiscalizador analiza la ejecución de algunos planes para los que recibió ayudas públicas la Federación de Autónomos de Galicia (Feaga), entre otras entidades. Su presidente, Francisco Javier Pérez Bello, es uno de los siete imputados en la presunta trama de fraude de dinero público.

Sin partes

El Consello de Contas concluye en la memoria de 2010 que la Consellería de Traballo no realizó "comprobación in situ" de que Feaga ejecutaba los cursos para los que le concedía las subvenciones. En los programa examinados, según el informe, no existen partes firmados por los alumnos y los documentos oficiales de asistencia tampoco están firmados por los profesores.

La asociación de autónomos, dirigida por el imputado, alega que "no existe obligación ni ninguna casilla" destinada a la firma de los alumnos o los docentes. "Es por ello por lo que no están firmados los partes oficiales", responde. El órgano autónomo, por su parte, manifiesta que en las bases de las convocatorias a las subvenciones, Traballo requiere que se incluyan "evidencias necesarias para comprobar que los alumnos reciben la formación impartida".

Dos sistemas

A estos efectos, según arguye el ente fiscalizador, unas entidades presentan partes firmados por los alumnos; y, otras, por los profesores. "En este informe se constata que la Federación de Autónomos de Galicia no sigue ninguno de los dos sistemas". La asociación, siempre según el estudio, no aportó "costes por control de calidad" de las clases.

El informe, además, critica que Feaga subcontratase a la empresa Femxa Formación S. L., una consultoría con la sede central en Valencia, la realización de todas las acciones formativas de los planes de formación examinados para los que la Consellería de Traballo le concedió 227.228 euros.

"La subcontratación de Femxa se realiza en términos tan amplios que es difícilmente justificable, teniendo en cuenta que la idoneidad de la entidad beneficiaria es una de las causas de la concesión de las ayudas, y que ésta queda reducida a un simple intermediario", recalca el organismo. Feaga, por su parte, defiende que el Gobierno gallego aprobó su solicitud de subcontratación con Femxa.