"Hay muchas irregularidades en la contratación de inmigrantes para el servicio doméstico y además se da precisamente en familias de clase pudiente", se queja Laura Bugallo, representante de la CIG y que trabaja en el Centro de Información a Trabajadores Extranjeros (CITE) de Santiago.
Uno de los casos que llegó a este centro recientemente fue el de una trabajadora extranjera del servicio doméstico que estuvo trabajando durante seis años en una casa sin contrato y con un salario de solo 310 euros mensuales. Según cuenta Laura Bugallo, la echaron cuando murió la señora a la que cuidaba.
Este tipo de prácticas son difíciles de destapar puesto que los trabajadores tienen "miedo a denunciar". Por un lado, temen quedarse sin un trabajo del que dependen para sobrevivir y, por otro, tal y como explica Bugallo, en el caso del servicio doméstico es complicado demostrar que existió una relación laboral.
La decisión del Gobierno de integrar a los trabajadores del hogar en el régimen general de la Seguridad Social para hacer aflorar el empleo negro no fue sufiente, según la CIG, para terminar con estas prácticas abusivas.
