El artículo 13 del decreto de 1994 que regula los avales del Igape le obliga a comunicar cada tres meses al Parlamento las nuevas operaciones formalizadas, las existentes y "si es el caso, de los riesgos efectivos a los que la Tesorería de la comunidad autónoma tuviera que hacer frente". Hasta ahora, el organismo incluía en sus informes a O Hórreo una descripción exhaustiva con los plazos de vencimiento y las cuantías pendientes de amortizar, lo que permitía medir esos "riesgos efectivos" que la Xunta debería asumir en caso de problemas. Pero la documentación remitida sobre los movimientos del último trimestre de 2013 evitan ya todos estos detalles y se ciñe a dos listados con avales y créditos en vigor y sus respectivas cuantías. Lo que hace imposible saber cuántos no están a corriente de pago.
El cambio de modelo coincide con las informaciones publicadas por FARO sobre la disparada morosidad del organismo y el elevado riesgo, además de las advertencias del Consello de Contas, que en su fiscalización de 2014 cuenta por primera vez con un plan concreto para el Igape para "evaluar la situación financiera" y "el cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera", "la legalidad" y "el nivel de eficiencia alcanzado".
"Se ha revisado el modelo presentando una información completa y de modo más claro y sencillo en cumplimiento de la legislación vigente", se limita a responder Economía.
