La convulsa junta de accionistas extraordinaria que Banco Gallego celebró a finales de enero de 2013 abrió el camino de su nacionalización, con el correspondiente el cabreo generalizado entre los accionistas minoritarios, que veían reducida su participación a cero por la operación acordeón impulsada para reequilibrar las cuentas. Una veintena acudió a los tribunales a través de tres demandas que reclamaban la nulidad de las decisiones tomadas en el encuentro. Exactamente, 22 socios representativos del 17,61% del capital, que incluso acusaban al FROB de "perseguir" con el proceso su "eliminación" en "beneficio" propio, del Estado, de NCG -su principal accionista- y hasta del que luego resultó su comprador, el Sabadell. En un fallo conjunto a las tres denuncias, el juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña desestima todas sus pretensiones y lanza una defensa de la estrategia seguida.

"Se ha acreditado que la venta de la totalidad de las acciones de Banco Gallego era más respetuosa con los principios de reestructuración que la alternativa de liquidación de la entidad", asegura la juez Nuria Fachal. "No se ha probado, por el contrario, la adopción de acuerdos que lesionen el interés social, en beneficio del Estado español (fundamentalmente por medio del FROB y NCG) -añade- y tampoco se ha probado que los acuerdos (...) hayan redundado en beneficio de un tercero (Banco Sabadell) y en claro perjuicio para el interés social".

En una sentencia cargada de reproches hacia los denunciantes, la magistrada tilda de "sorprendente" la tesis esgrimida por los minoritarios de que no existía un plan de resolución para el Gallego. "El plan de NCG es de aplicación directa a Banco Gallego, porque así lo señala expresamente la decisión de la Comisión Europea", replica. La intención de discutirlo por parte de los demandantes, muchos conocidos empresarios gallegos, "causa estupor".

La resolución, que es posible recurrir en la Audiencia Provincial de A Coruña, señala también que ninguno de los demandantes pidió información antes de la junta, que el FROB les aportó "toda la necesaria" y que "en ningún caso" habría un efecto positivo en la segregación del ladrillo a la Sareb. Porque los accionistas se agarraban a un supuesta "desfase patrimonial artificiosamente creado" para justificar la operación acordeón. Fachal tira de las pruebas periciales de la auditoria y del propio informe del FROB para insistir en que sin los 245 millones públicos inyectados el Gallego era "inviable en solitario".