La paralización de la actividad de cuatro empresas dedicadas a la recogida de aceite usado en Galicia por prácticas irregulares en el transporte y el almacenamiento solo es la punta del iceberg. Además del mercadeo fraudulento de los residuos vegetales utilizados para fabricar biodiésel, la Policía Autonómica investiga la posible comisión de un delito de blanqueo de capitales por parte de algunas las compañías y particulares que en los últimos años vieron en el sector del reciclaje de aceite un negocio redondo.
En el punto de mira de la investigación, promovida por la Consellería de Medio Ambiente, están una quincena de empresas y autónomos que supuestamente carecen de autorización para realizar tal actividad y que pagan entre cinco y 20 euros por cada bidón de 50 litros de residuo vegetal. Un desembolso detrás del que, según fuentes próximas al caso, podría esconderse una trama de blanqueo de capitales que rondaría los dos millones de euros. Las indagaciones, que se centran en la ciudad de A Coruña y su área metropolitana, estrechan el cerco sobre constructores, abogados, asesores contables y gestores (algunos en Pontevedra y Vigo) que están al frente de algunas empresas del sector del reciclaje en Galicia.
Según fuentes del sector del reciclaje en Galicia, de las más de veinte empresas dedicadas a la recogida de aceite usado, una quincena realiza la actividad sin contar con autorización y pagan en efectivo a restaurantes y hosteleros, sin factura. Esto les permite alegar a Hacienda que el residuo que recoger se obtiene de forma gratuita y venderlo así con factura a fábricas biodiésel, lo que revela "un claro blanqueo de capitales".
La investigación, puesta en marcha por la Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental a raíz de las denuncias del sector por la mala gestión y la intromisión de compañías no autorizadas para la recogida, transporte y gestión de aceite usado, se centra en personas relacionadas con el sector de la construcción -antiguos promotores, según desvelan fuentes próximas al caso-. Y también despachos de abogados, asesorías contables y personas relacionadas con gestorías y corredurías de seguros, donde algunos de los empresarios investigadas tienen domiciliado su actividad y su negocio.
Las inspecciones puestas en marcha el pasado 1 de marzo por la Xunta se han saldado con la paralización de la actividad de cuatro de las diez compañías investigadas por irregularidades en el transporte o el almacenamiento del aceite usado.
