La operación Pikachu, que es la rama coruñesa de la Pokemon, la trama de corrupción que casi alcanza el centenar de imputados en Galicia, se centró, en principio, en los contratos de los servicios que prestan las concesionarias de la grúa y la ORA, adjudicados en 2005 por el Gobierno socialista y que finalizan en 2015. La juez que instruye el caso, Pilar de Lara, requirió el expediente de esos contratos en el primer registro que ordenó en el Ayuntamiento, en octubre de 2012.
Un año y dos meses después la instrucción sigue su curso, pero, según fuentes cercanas al caso, la magistrada detectó indicios de irregularidades en más contratos suscritos por el Ayuntamiento, sobre todo relacionados con el Aquarium y el Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE).
De Lara ordenó a principios de este mes la intervención de los ordenadores y de toda la documentación en soporte informático que las computadoras y servidores municipales guardasen de altos cargos y asesores ajenos a los contratos de la grúa y la ORA. Unos días después y tras examinar las pruebas, decretó la imputación de los sospechosos. En el segundo registro que se llevó a cabo en el Concello los agentes de Vigilancia Aduanera se incautaron de documentación, además de en el Palacio Municipal, en las Casas Paredes,(sede de la Concejalía de Cultura) y parte del IMCE.
La jefa de Transportes del Ayuntamiento será llamada a declarar en calidad de testigo, mientras que entre los doce imputados por De Lara, la mayoría, siete, está relacionada con departamentos que desarrollan actividades culturales. La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo detectó indicios de que los doce imputados dentro de la operación Pikachu cometieron todos o alguno de los siete delitos que investiga en el Consistorio coruñés: prevaricación, cohecho (soborno o aceptación de soborno), tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales, blanqueo de capitales, negociaciones prohibidas a funcionarios y alteración de concurso público.
La juez decretó las imputaciones tras examinar la documentación intervenida por los agentes de Vigilancia Aduanera, entre la que figuran dos expedientes de la Casa de los Peces tramitados y resueltos en 2011 y 2012. El Gobierno local adjudicó el año pasado a Sermasa, filial de Vendex, la compañía que está en el centro de la supuesta trama de corrupción, el mantenimiento biológico del Acuario por 635.259 euros.
La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo requirió los informes relativos a esa adjudicación, además de los expedientes de contratación de los servicios de limpieza, conserjería y mantenimiento del centro sociocultural Ágora, asignados a Procedimientos de Aseo Urbano PAU por el actual Gobierno en julio de 2011 por un año y un importe de 291.943 euros.
El alcalde, Carlos Negreira, aseguró que el grupo Vendex, a través de sus filiales, llegó a tener concertados hasta 16 contratos con el Ayuntamiento en anteriores mandatos. En la actualidad, mantiene vigentes diez, de los que cinco están sometidos a un nuevo procedimiento de licitación. La magistrada también requirió al Concello para que le entregase un detallado informe con todos los expedientes en los que figuren empresas del conglomerado de Vendex.
