El mismo día que se conoció el paso de la Consellería de Industria contra la reforma eléctrica del Gobierno central, también transcendió que el Ejecutivo de Rajoy ha puesto en duda la constitucionalidad de un precepto de la Lei de Estradas de Galicia aprobada este año. Se trata de un apartado en el que se recoge la posibilidad de que la Xunta expropie suelo urbano a precio de rústico para así abaratar los costes, ya que es mucho más barato el primero que el segundo.
El Gobierno central entiende que eso va contra la normativa estatal y por eso ha forzado una negociación para corregir la redacción de ese artículo bajo, también, la advertencia de que puede acabar denunciado ante el Tribunal Constitucional. Su postura es que el suelo urbano se debe expropiar siempre como tal, y el rústico, como rústico.
La Consellería de Medio Ambiente defiende su articulado y asegura que es una posibilidad, el pagar como suelo rústico parcelas urbanas, pero siempre que haya acuerdo previo mutuo entre el propietario y la administración. Para ello y como compensación, al dueño se le permitirá, aunque eso dependa de cada caso, desarrollar todo el aprovechamiento urbanístico de ese suelo en el trozo de parcela que quede libre.
