Una sentencia de derribo complica el futuro de los 52 chalés de O Grove. Cuando sus dueños creían que la sentencia del Supremo de mayo de este año ponía fin a sus problemas y les obligaba solo a un cambio en el registro, por el que sus casas pasarían a ser considerados apartahoteles, las dudas y el temor a la demolición vuelven, pues aparece otra sentencia, posterior y del TSXG, que ordena el derribo. La Xunta ya la estudia y sobre todo analiza cómo encajar y conciliar las dos sentencias.
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, en una sentencia emitida el pasado septiembre, confirma la orden de demolición de la urbanización de Raeiros de 52 chalés de lujo a pie de playa en Balea (O Grove). El TSXG revoca así la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Pontevedra que en junio de 2012 había estimado el recurso de la promotora contra la orden de demolición que dictó la Xunta en marzo de 2010.
El Tribunal Supremo había ratificado en mayo de este año la ilegalidad de estos chalés, pero respecto a la primera resolución del Gobierno gallego, la que dictó la Dirección Xeral de Urbanismo en 2007, en la que ordenaba la restitución del terreno a su estado original (se realizó una parcelación en suelo rústica que está prohibida) y el ajuste a las licencias y autorizaciones otorgadas, para apartotel y no para viviendas unifamiliares. Esta resolución no ordenaba la demolición.
La sentencia que acaba de emitir ahora el Superior, sin embargo, se refiere a la orden de demolición que resolvió la Xunta en marzo de 2010 después de que el promotor incumpliese la orden de reposición de la legalidad de 2007. Fue el propio Gobierno gallego el que solicitó, en recurso de apelación, que el Alto Tribunal gallego revocase esa sentencia y así lo acaba de hacer en sentencia firme.
La sala gallega considera que en su día se suspendió la imposición de multas coercitivas hasta proceder a demoler lo construido pero no "la suspensión de la orden de demolición", al contrario de lo que entendió el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Pontevedra.
Por parte de la promotora, Inproin Galicia SL, uno de sus representantes, Fernando Varela (hermano del exconselleiro de Cultura, Roberto Varela), anunciaba ayer a este diario que el viernes iba a acudir al notario Francisco Botana para firmar la inscripción del complejo residencial como única finca registral, anulando la división horizontal de la parcela matriz efectuada en su día y que está prohibida en suelo rústico.
La constructora por lo tanto tendría que pasar a ser la titular de la finca y no los propietarios de las viviendas, que además son los grandes afectados al ver cómo sus casas pasan a ser apartoteles de alquiler. Algunas de estas viviendas ya hace tiempo que se alquilan por parte de sus dueños.
Con esta medida la inmobiliaria confía en solucionar de una vez por todas la legalidad de la urbanización (este asunto arrastra pleitos desde hace 22 años) y evitar su demolición, por lo que consideran que la sentencia del TSXG, con ser anterior a esta firma de anulación de división horizontal, no les afectará.
Antes de este nuevo fallo judicial que condena a las 52 viviendas de O Grove con vistas a la playa a ser pasadas por la pala, hace unos meses, los promotores ya anunciaron que iban a convertir las viviendas unifamiliares en apartahoteles, que es para lo que solicitaron licencia.
