La Xunta bloquea el eólico "5 años más" para cobrar la tasa de Transmisiones a los parques

El sector eólico gallego recibió con aspavientos la decisión del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) del 14 de febrero, el cual dictaminó que una autorización para un parque eólico no se puede equiparar a una concesión administrativa y, por tanto, no se le puede aplicar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP). Pero el viernes se ahogaron los ánimos tras conocer la decisión de la Xunta de recurrir ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) este fallo para poder aplicar esta tasa a los parques. La "judicialización" de este problema, según el sector, dilatará en hasta "cinco años más" el desarrollo del plan eólico que el Gobierno que preside Alberto Núñez Feijóo puso en marcha. "Nadie en su sano juicio va a querer una autorización para un parque, te puede llegar una liquidación de 300.000 euros o 600.000, depende de cada caso, es totalmente absurdo", arremeten fuentes del sector consultadas por FARO.

En la patronal eólica están "atónitos" con el Ejecutivo gallego por "dos razones". La primera, dicen, es "estrictamente jurídica, y hasta puede ser discutible". Es la que hace referencia al concepto de autorización administrativa y no al de concesión. "Cuando recibes la autorización no te dan un parque en propiedad, montado, construido, y tú lo explotas", explica un ejecutivo de la industria. "Lo que más nos molesta es que el propio Feijóo nos garantizó antes de las elecciones que él iba a solucionar el problema y que se iban a ceñir a lo que dijera el TEAC". Y este tribunal dio la razón a las empresas pero, cuatro meses después, "la Xunta se obstina en recaudar más y de empeorar la situación del sector, ya muy precaria", ahondan las mismas fuentes.

La recaudación

Para el secretario de la patronal gallega, Íñigo Muniozguren, "una cosa es lo que vale el papel (autorización) y otra lo que vale un parque", ilustra. El representante de la Asociación Eólica de Galicia (EGA) considera que el "retraso" que sufrirá ahora el sector en la comunidad oscilará "entre los dos y tres años" para esperar al pronunciamiento del TSXG y "cinco o seis" por el del Supremo, ya que dan por hecho que se llegará a las más altas instancias judiciales españolas: "Vamos a estar en una espada de Damocles cinco años". La aplicación del ITP, a razón de 40.000 euros por megavatio, establece que un parque de mediano tamaño tiene un coste adicional de unos dos millones de euros. Con todo, EGA llama la atención sobre la inseguridad jurídica. "Han creado más miedo, ahora estamos a la espera del criterio de los tribunales con un plazo de espera enorme solo porque la Xunta ha decidido cambiar de criterio". Muniozguren recuerda que, a 40.000 euros por megavatio y con 3.600 megavatios pendientes de autorización, se traduce en alrededor de 140 millones de euros "que no se van a ingresar".

"Creemos que, además del afán recaudatorio, está la testarudez de la conselleira", en relación a Elena Muñoz, quien ha defendido su recurso para, precisamente, buscar la "seguridad jurídica". "Aunque no se ingresen esos pagos el hecho de tramitar la autorización administrativa puede ser computado por el Gobierno autonómico como un ingreso, así que incluso le es beneficioso a efectos del déficit", explica un experto en el sector. "En la industria te garantizo que están más que sorprendidos, e incluso lo están también en el Ministerio de Industria. Se cargan el sector automáticamente".