En la actualidad, 5.100 expedientes de expropiaciones dictadas por la Xunta o las entidades locales están pendientes de resolución. Se trata de casi la mitad que hace tres años, pero para el Valedor do Pobo los retrasos siguen constituyendo un "problema" al que la administración "no encuentra solución".

La propiedad privada es un derecho que la Constitución limita por la función pública que pueda tener un bien. En virtud de este precepto, la administración decide expropiar a un ciudadano un terreno para construir una infraestructura que sirva a la res pública. Normalmente, suele haber asintonía entre las partes a la hora de fijar la indemnización -el llamado justiprecio- por esa decisión.

En la actualidad existen 5.100 expedientes en contra de alguna expropiación bien de la Xunta, bien de alguna entidad local en el órgano que dirime estos casos: el Xurado de Expropiacións.

Este órgano tiene las competencias para dirimir conflictos de expropiaciones de suelo urbano y rústico, así como para la realización de actividades industriales. Su trabajo resulta incapaz de dar salida al ingente número de asuntos que se le acumulan. En 2010 alcanzó su techo de casos pendientes con 9.867, tras los 9.080 de 2009. Desde entonces ha ido rebajando los casos atrasados, gracias en parte a la contratación hace tres años de una consultora privada para que le ayudase.

Los expedientes atrasados se han reducido hasta los 5.100 que ahora mismo tiene pendientes el jurado, gracias a un incremento del ritmo de resolución que superó los 5.000 casos al año entre 2010 y 2012, si bien lejos del pico de actividad de 2007, cuando se dio luz verde a 8.201. De todos ellos, apenas 26 están pendientes este año de ser enviados al Tribunal Superior de Xustiza para su resolución por la vía judicial.

La crisis se esconde también como un factor clave para entender la reducción de las estadísticas, pues el volumen inversor de la administración ha caído drásticamente para lograr atajar el déficit, pero esa falta de liquidez también impide pagar a tiempo a los expropiados. De hecho, la Axencia Galega de Infraestructuras reconoce esa circunstancia, según el informe del Valedor del año pasado. "Alude a las dificultades presupuestarias para atender estos pagos, lo que determina que exista una larga lista de pagos pendientes", relata. "Aunque en los informes emitidos por la administración no se haga mención expresa de esta circunstancia, lo cierto es que tras estas dificultades presupuestarias se encuentra la situación de la actual crisis económica, con su corolario de medidas de reducción del déficit público", añade. Por ello, los pagos están condicionados "a la disponibilidad presupuestaria".

Este órgano reclama "desbloquear" lo que entiende "pasividad" administrativa a la hora no solo de resolver los casos, sino también su "tardanza" a la hora de abonar las compensaciones, que generan "largos períodos" de espera. "Sigue produciéndose el inadecuado tratamiento de la liquidación y pago de los intereses, que lleva a generar intereses de intereses y a hacer interminable el expediente global de compensación a los expropiados", sentencia el Valedor.

A pesar del repunte en la resolución de casos, el año pasado el organismo recibió 55 quejas. "Los retrasos en la fijación y pago de los justiprecios suelen producirse en los procedimientos urgentes, que a pesar de conceptuarse como excepcionales (...) suelen ser los más frecuentes", censura.

La mayor parte de los casos de expropiaciones son responsabilidad de la Xunta. El 86% afecta a Medio Ambiente y el 16% a Industria. En el primer caso, la consellería copa el 50,4% y el Instituto Galego de Vivenda e Solo el 18,6%, según la administración autonómica. El 13% se reparte entre concellos 4,9% y diputaciones: Lugo (4,7%), A Coruña (3,1%), Ourense (0,4%) y Pontevedra (0,3%).