En términos comparativos, la reducción de la morosidad en las comunidades al cierre de 2012 con respecto a 2011 fue de 1.900 millones de euros, pero la cifra resulta engañosa. Se pudo reducir porque el Gobierno habilitó dos fondos específicos para inyectar liquidez a las autonomías. Uno es el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), destinado a las comunidades a las que salía muy caro o imposible conseguir la financiación en los mercados ordinarios de la deuda, y el otro estaba destinado al pago de proveedores.

Con estas fórmulas, las autonomías obtuvieron financiación, eso sí, procedente del Estado, para afrontar sus gastos corrientes, pago de nóminas y abono de facturas de suministradores de servicios y bienes. Se calcula que estas vías permitieron saldar deudas atrasadas con proveedores por más de 8.000 millones, por lo que si no llegan a existir, el año 2012 se cerraría con un sustancial incremento de las facturas pendientes de pago, en vez de con una reducción de casi 2.000 millones.

Tres fueron las comunidades que no acudieron a ninguna de estas vías de apoyo financiero facilitadas por el Gobierno central: Galicia, Navarra y País Vasco. Y salvo Euskadi, las otras dos consiguieron cerrar el año 2012 con cifras entre las más bajas del conjunto del Estado.

Comunidades como Castilla-La Mancha o Cataluña lograron un imponente ajuste en su morosidad (2.333 y 1.002 millones, respectivamente), mientras que otras como Madrid la incrementaron sustancialmente (1.342 millones más).