09 de marzo de 2013
09.03.2013

Crespo admite que un imputado de la Pokémon contactó con él pero que no tiene contratos con la Diputación

"Lo recibí en audiencia, pero no le hice ningún caso", asegura el alcalde de Lalín - GRS se interesó por el servicio de cobro de multas

09.03.2013 | 00:00
José Crespo. // Bernabé

El vicepresidente de la Diputación de Pontevedra y alcalde de Lalín, José Crespo, admitió ayer que recibió en audiencia al administrador de la empresa catalana GRS Arc Local, Alexandre Ros, imputado en la Operación Manga y enviado a prisión, porque la había solicitado previamente para obtener información sobre el servicio de cobro de multas de la institución provincial. Pero ese encuentro, según dice, no derivó en nada porque no le hico caso y de hecho ni la Diputación de Pontevedra ni el Concello de Lalín han tenido ni tienen relación alguna con GRS Arc.

"No tenemos ninguna relación contractual con esta empresa. Yo recibo a todo el mundo, pero otra cosa es que se le haga caso, y al responsable de GRS no se le hizo ninguno", explicó el regidor de Lalín.

Los intentos de Alenxadre Ros para hacerse con algún contrato en la Diputación de Pontevedra se descubrieron en las investigaciones dirigidas por la juez Pilar de Lara en la Operación Manga, segunda fase de la Pokémon, que trata de esclarecer una supuesta trama para conceder servicios municipales a empresas privadas a cambio de sobornos. Esta ramificación de la Pokémon se centra en el Concello de Santiago, en el que hay una larga lista de imputados, y una de las empresas investigadas es GRS. La otra es Aquagest, por sus negociaciones con el Ayuntamiento para ampliar la concesión del cobro del recibo del agua.

La firma catalana GRS quiso entrar en el mercado gallego a través del Concello de Santiago y en junio del pasado año se hizo con el contrato del servicio de cobro de las multas de tráfico mediante un concurso que la juez Pilar de Lara entiende que se adjudicó de forma irregular.

Las escuchas practicadas permitieron revelar que Alexandre Ros también intentó conseguir algún contrato de la Diputación de Pontevedra y que para ello se puso en contacto con José Crespo a través de Jesús Fuentes, un promotor compostelano de eventos culturales también imputado en la Operación Manga.

El vicepresidente de la corporación provincial reconoce que sí, que fue Jesús Fuentes quien medió para que atendiera a Alexandre Ros, y que lo recibió en el despacho de la Diputación como a otros muchos empresarios que le piden cita. "Quería información sobre el servicio de multas de la Diputación, pero le dije que no está externalizado, que se hace con personal propio, que además es uno de los mas eficaces de España y con diferencia y que no íbamos a cambiar el modelo. Pero no hice nada por él. No se le concedió ni un favor, ni el más mínimo", dice José Crespo.

Añade que GRS no tienen ningún contrato con la Diputación y que tampoco se le llamó para participar en procedimientos negociados -invitaciones restringidas que se hacen a determinadas empresas para que presenten ofertas para un servicio muy concreto-.

En la misma línea se manifestó también el presidente de la Diputación, Rafael Louzán, al negar la existencia de cualquier trato con GRS.

Tanto Crespo como Louzán informaron, en todo caso, de que la empresa catalana bajo el foco de la Operación Manga se presentó a un concurso para gestionar el catastro en el primer semestre del pasado año. Su oferta llegó por correo y por el servicio compitieron otras siete firmas.

Pero GRS fue descartada casi desde el principio del proceso ya que ni siquiera alcanzó la puntuación mínima exigida en la memoria técnica y, por lo tanto, no se llegó a abrir tampoco el sobre con su oferta económica. "No pasó ni la primera criba", destaca José Crespo, que defiende la legalidad en todos los procesos de contratación en que participa.

"El caso creo que está suficientemente claro, la información es suficiente, clara y contundente", aseguró por su parte Rafael Louzán.

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