Más de un treintena de agentes de la Guardia Civil escoltaron ayer de madrugada al alcalde de Porriño y a sus ediles, todos del PP, a su salida del consistorio, tras ocho horas retenidos por afectados de participaciones preferentes, que les exigían que se sumasen al regidor de Oia y amenazasen con darse de baja del PPdeG si no se les da una solución a su problema.
La negativa de Nelson Santos y sus concejales y el enfado de los afectados enconó la situación, que arrancó por la tarde en el pleno. Se vivieron momentos de máxima tensión primero en la sesión plenaria, donde un afectado vació una botella de agua en la mesa del regidor y donde una docena de policías locales vigilaban que la situación no se desmadrase. Tras el pleno, los afectados no permitieron a los ediles abandonar el salón de plenos y allí pasaron ocho horas, denuncian ediles del PP, aunque desde la plataforma niegan tal acusación.
El desenlace de la controvertida reunión llegó sobre las cinco y media de la madrugada, después de que el subdelegado del Gobierno, Antonio Coello, se trasladase a la localidad para negociar con los manifestantes.
La presidenta de la Plataforma de Afectados de A Louriña, Isabel Ramilo, defendió ayer que los ediles no estuvieron nunca retenidos, y se desmarcó de afectados a título individual que gritaron consignas como "de aquí no se va nadie sin firmar".
El concejal del PP Marcelino Coto denunció, sin embargo, que las coacciones fueron constantes. "Nosotros dijimos en todo momento que no firmaríamos, y menos bajo coacciones y amenazas, e insistieron que si no se firmaba no se marchaba nadie", declaró.
Finalmente a las 5,30 de la mañana, y después de 8 horas de encierro, la Guardia Civil puso en marcha un dispositivo especial para proteger a los concejales en su salida. Una treintena de agentes les acompañó al exterior. En ese momento un grupo de afectados, que se encontraba con los concejales en el salón de sesiones, salió también al exterior para intentar alcanzar a los ediles, pero la Guardia Civil los trasladó en vehiculos de la Benemérita hasta sus domicilios.
Tras marcharse los concejales, los afectados continuaron encerrados en el salón de sesiones hasta el mediodía de ayer. Un grupo más reducido realizó pitadas dentro del concello hasta que abandonaron el edificio consistorial.
Rechazo
Después del incidente, los alcaldes del PP de la provincia hicieron público un comunicado en el que instan a la Xunta a continuar con la vía del arbitraje para dar una solución a todos los afectados. Los regidores muestran la "máxima solidaridad y apoyo a las personas afectadas por las preferentes y su compromiso firme de defender sus intereses donde sea necesario", pero también expresan "el más profundo rechazo y condena por los incidentes registrados en algunos ayuntamientos de la provincia, así como los reiterados intentos, por parte de algunas personas de plataformas de afectados, de boicotear plenos y de impedir el normal funcionamiento de las administraciones locales".
Dicen que "esta actitud no ayuda para nada a resolver el problema y, además, impide que se atiendan las demandas y necesidades de los vecinos y vecinas de cada ayuntamiento". También recuerdan que "ni nosotros, ni el PP creamos el problema ni lo consentimos". "Los únicos responsables son los directivos de las cajas que engañaron a sus clientes y los que permitieron este engaño: el PSOE (con el apoyo del BNG) en el gobierno central y como responsable de los órganos de control (Banco de España y CNMV)", indican en el comunicado.
