El PP frena la iniciativa popular para blindar la gratuidad de la sanidad gallega

El PP frenó ayer el recorrido de la iniciativa legislativa popular impulsada por la Plataforma SOS Sanidade Pública que pretendía blindar la prestación sanitaria como un servicio "universal, gratuito y de calidad" y cumplir así, argumentaba, el artículo 43 de la Constitución. El apoyo de PSdeG, AGE y BNG fue insuficiente para que siguiese su curso.

El portavoz de SOS Sanidade Pública, Manuel Martín, defendió un texto que pretende "frenar la tendencia privatizadora" y el "ataque neoliberal" contra el sistema público de salud. "Hay dos alternativas: la que garantiza el derecho a la sanidad de toda condición y la que niega y entrega los recursos al mercado medieval de la salud", esgrimió, antes de ser aplaudido por la oposición.

El portavoz sanitario del PP, Miguel Santalices, argumentó que el modelo sanitario gallego y estatal es "universal, público y solidario", pero "no gratuito porque se financia con impuestos". Además, insinuó la instrumentalización de la iniciativa al criticar a Martín por no haber apoyado al PP cuando "no se construía ningún centro de salud o se presentaban hospitales pero no se hacían". Además, alegó que en Galicia no se ha impuesto el copago por consulta, como en Suecia o Finlandia, ambos con una renta per cápita más alta.

La oposición apoyó la propuesta popular -para cuya presentación son necesarias al menos 15.000 firmas-. La socialista Carmen Acuña cargó contra la implantación del copago en el sistema de transporte sanitario no urgente. "¿Es accesorio que el enfermo se traslade para recibir quimioterapia?", preguntó.

Por su parte, Eva Solla, de AGE, denunció que el modelo que impulsa el PP provocará que "el rico pueda pagarse la asistencia y el pobre, como mucho, tendrá la beneficencia". Carlos Aymerich, del BNG, alertó de la agitación social que provocarán los recortes en sanidad.

No fue la única ILP que el PP tumbó en el pleno de ayer. Hizo lo mismo con el intento de recuperar el programa Preescolar na Casa, suprimido la pasada legislatura. La popular Marisol Piñeiro defendió "priorizar" la educación reglada en tiempos de crisis y afeó a la fundación que lo ponía en marcha que tras 35 años no hubiese logrado nuevas vías de financiación.

Una de las promotoras de la propuesta, Manuela Inés Novo, aseguró que el programa "será una víctima más de una política de liquidación de todo lo que suena a gallego" y recordó que con el 0,2% de los 250 millones dedicados la escuela concertada podría mantenerse y atender al rural.