Ante las explicaciones sobre la revisión que se hizo del negocio, incluido el asiento contable de la fusión, a Castellano le plantearon cómo era posible, si la situación era realmente mala, que hubiera inversores extranjeros interesados en entrar en el capital de Novacaixagalicia. El presidente del banco contestó que se estaba hablando "todavía" con ellos. A lo que se le repreguntó sobre la existencia de más opciones en la mesa para que fuera viable tras la reforma de solvencia impuesta por el Gobierno socialista. "Sí", contestó. "Había alternativas. Tenía la posibilidad de integrarse en un SIP e incluso fusionarse con el Banco Popular", reveló José María Castellano, que incluso reconoció la existencia de al menos una reunión con la cúpula del grupo que lidera el también gallego Ángel Ron, aunque duró, dijo, "unos diez minutos".

Desde el sector reconocen, efectivamente, los contactos entre Novacaixagalicia y el Popular, antes de lanzar la OPA sobre el Pastor. Una de las opciones que se barajaron por los responsables de la entidad fusionada para cumplir los requisitos de recursos propios impuestos por la entonces ministra de Economía, Elena Salgado, evitar la nacionalización y dar una salida a las participaciones preferentes y deuda subordinada. De hecho, antes del desembarco de José María Castellano en Novacaixagalicia, varios altos cargos de la entidad de ahorros y del Popular mantuvieron encuentros para analizar la operación.

Una de las claves de la denuncia de Anticorrupción está en la supuesta conclusión de la firma BDO sobre las cuentas de Novacaixagalicia, y que, según la fiscal, apunta que la radiografía realizada para la nacionalización mostró que la contabilidad no reflejaba "su verdadera" situación patrimonial. De hecho, la demanda sostiene que los cinco directivos -con Julio Fernández Gayoso, expresidente, como "cooperador necesario"- incurrieron en un delito de administración desleal o, alternativamente, apropiación indebida con "pleno conocimiento de la dificilísima situación económica". Castellano recordó en su declaración que la revisión de los asientos de fusión llegaron a "tres billones de las antiguas pesetas, para que todo el mundo lo entienda". Pero BDO nunca auditó los balances. Lo que hizo fue una due diligence, como consta en su informe, presente en el sumario.

¿Y qué dice ese informe? Cuando se formaliza la fusión, y en base a los cálculos que cada una de las entidades dieron -pese a que Caixanova lideró la operación, se estableció como una combinación de negocio y no con un modelo contable de "adquiriente-adquirida"-, se estimó una pérdida esperada de 3.000 millones de euros. Tras la reforma del Gobierno socialista de solvencia y ante el endurecimiento de la crisis, la propia caja revisó ese cálculo y lo elevó en casi 1.000 millones más. Como figura en los planes remitidos al Banco de España. BDO refrendó que esa actualización, por el cambio de escenario económico y normativo, estaba bien hecha. Así, si hubiera sido una auditoría y saltaran desfases patrimoniales, la situación tendría que haber desembocado en una infracción para las verdaderas auditoras y en expedientes del regulador a los consejos.