Empieza la cuenta atrás para la celebración del juicio por la mayor catástrofe ecológica ocurrida en las costas gallegas. Y también será el mayor macroproceso judicial en la historia de Galicia. A menos de un mes para que se cumpla el décimo aniversario del hundimiento del Prestige a 28 millas de Fisterra, la Audiencia Provincial de A Coruña dará mañana el pistoletazo de salida a una vista que se prolongará hasta mayo de 2013, según el calendario previsto por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Para la sentencia no habrá que esperar tanto como se demoró el comienzo de la vista, ya que el tribunal que llevará el caso prevé dar a conocer el fallo en septiembre del próximo año, tres meses después de que haya concluido el proceso.

El carpetazo dado por EE UU al caso al rechazar abrir un juicio contra ABS, la empresa que certificó que el petrolero hundido era apto para navegar -lo que deja exenta a la clasificadora de pagar la indemnización de mil millones de dólares reclamada por España- no es para los afectados un buen precedente.

Las cuestiones procesales marcarán el inicio del juicio, en el que hasta noviembre no declararán los acusados: el capitán del Prestige, Apostolos Mangouras; el jefe de máquinas, Argyropoulos Nikolaos, y el entonces director de la Marina Mercante, José Luis López Sors. En el proceso también está imputado el primer oficial del petrolero, Irineo Maloto, pero se encuentra en paradero desconocido. De ser localizado, se abrirá un proceso aparte de forma que no supondrá retraso alguno para el juicio que desde mañana y por un periodo de ocho meses se celebrará en las instalaciones de Expocoruña. Aunque están llamados a sentarse en el banquillo tres personas, todo el peso de las acusaciones recae, tanto para la Fiscalía como para la mayoría de las 1.500 personas físicas y jurídicas personadas en el procedimiento, sobre el capitán del petrolero, de 77 años, para quien el Ministerio Fiscal pide 12 años de cárcel.

La gran pregunta es qué ocurrirá con este macrojuicio. Los afectados ven difícil que se haga Justicia diez años después de la catástrofe. Una conclusión que también comparten cofradías de pescadores y otros colectivos como organizaciones ecologistas o el movimiento Nunca Máis. Otra cuestión que también ponen sobre la mesa los afectados es el hecho de que tan solo haya un responsable institucional entre los acusados, aunque el entonces ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, declarará en calidad de testigo. Una de las cuestiones clave del juicio será determinar si la decisión de alejar el barco de la costa fue la decisión correcta y valorar qué incidencia tuvo este rumbo en las dimensiones de la catástrofe.

La reducida lista de responsables civiles y acusados ofrece pocas garantías de cobrar los más de 4.100 millones de euros en indemnizaciones que reclama la Fiscalía por los daños que causó la marea negra. Si los acusados no están en disposición de hacer frente a las millonarias indemnizaciones, la ley prevé que las consecuencias de estos actos se puedan extender a la empresa o administración para la que trabajan. Por eso, también deberán responder al pago de las indemnizaciones, aunque dentro de unos límites ya fijados por ley, la aseguradora del Prestige, el Fidac, así la propietaria del buque, la compañía operadora y el Estado.