La depuración y el saneamiento de aguas residuales siguen siendo una asignatura pendiente en Galicia, hasta el punto de que el sesenta por ciento de los vertidos que se producen en la comunidad autónoma se debe al mal funcionamiento de las redes de alcantarillado y a los fallos en las estaciones depuradoras (EDAR). De hecho, la Consellería de Medio Ambiente inspeccionó 104 de las 132 EDAR situadas en núcleos de más de 2.000 habitantes y detectó que cuatro de cada diez presentaban "deficiencias".
Cuarenta y dos de estas depuradoras no alcanzan "un nivel aceptable de explotación", es decir, están mal gestionadas o no funcionan a pleno rendimiento. Otras 57 tienen sistemas de desinfección pero no lo usan y otras 17 están directamente inoperativas.
A esto hay que sumar el mal estado de las redes de alcantarillado. El departamento de Agustín Hernández encontró "graves infiltraciones de aguas limpias en la red de saneamiento, así como de aguas pluviales, que se mezclan con las fecales, y pueden provocar situaciones de desbordamiento de la red". Incluso hay industrias que vierten sin control a la red de alcantarillado público.
La intención de Medio Ambiente es tratar de poner remedio a estas deficiencias. En primer lugar, explicaron que hay 17 depuradoras más en ejecución, de manera que a finales de 2011 Galicia contará con un total de 151 EDAR para el tratamiento de aguas residuales.
El conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, presentó ayer dos nuevas normas que servirán para desarrollar la Lei de Aguas y mejorar el saneamiento y la depuración en Galicia.
Una de estas normativas será un decreto que permitirá a la Xunta hacerse cargo de la gestión de las depuradoras de más de 2.000 habitantes (o de las de más de 1.000 habitantes si se asocian a otra de mayor tamaño) siempre que así lo soliciten los ayuntamientos. La razón es que el funcionamiento deficiente de muchas de estas EDAR se debe precisamente a la falta de recursos o de experiencia por parte de los concellos para gestionarlas correctamente. Medio Ambiente ya explota ahora siete de las 132 estaciones depuradoras que hay en Galicia.
Otra de las novedades es que la Xunta podrá intervenir los servicios de depuración de un concello "cuando se ponga en riesgo a la población o al medio ambiente". En todo caso, esto solo podrá suceder excepcionalmente, cuando las analíticas de aguas incumplan reiteradamente la ley o haya cortes periódicos de agua. Cuando así sea, después de la intervención el ayuntamiento deberá abonar a la Xunta los gastos.
El otro reglamento introduce una serie de criterios técnicos y condiciones mínimas para que los ayuntamientos adapten sus redes de alcantarillado.
El conselleiro se refirió ayer también a las instrucciones técnicas publicadas esta semana para aclarar aspectos de la Lei do Solo y que permiten legalizar 1.200 naves industriales. Según defendió, esto no supone una reforma encubierta de la ley que aprobaron el año pasado.
